El sistema asegurador colombiano enfrenta un dilema estructural que ha sido reiteradamente advertido desde el gremio: el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) presenta fallas de diseño que lo hacen inviable en el mediano plazo si no se adoptan correctivos urgentes. Así lo ha señalado Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, quien insiste en que el Gobierno debe asumir con decisión una reforma técnica de este instrumento, crucial en la atención inmediata de víctimas de accidentes viales.
La situación del Soat no es nueva, pero sí se ha agravado. Este seguro, que en teoría garantiza atención médica inmediata a quienes sufren siniestros en la vía, se ha convertido en un modelo financieramente insostenible debido al aumento del fraude, el abuso del sistema por parte de algunas IPS y un diseño tarifario que no responde a la siniestralidad real. Lo preocupante es que, pese a las advertencias del sector asegurador, los ajustes han sido marginales y sin impacto estructural.
Morales pone sobre la mesa un dato revelador: solo en 2024 las aseguradoras pagaron más de $25 billones en siniestros, y las primas emitidas al primer trimestre de 2025 ya crecen al 9,5 % anual. Sin embargo, en el caso del Soat, el crecimiento del costo de los siniestros supera por mucho los ingresos por primas, generando un desbalance que amenaza con expulsar a algunas compañías del mercado y dejar a millones de colombianos desprotegidos.
En departamentos como Antioquia, donde se emitieron cerca de $948.000 millones en primas a marzo de este año —casi el 20 % del total nacional—, la preocupación es doble: por un lado, el papel del seguro en la movilidad urbana y, por otro, la sostenibilidad de un sistema que depende en buena parte del comportamiento de los motociclistas, protagonistas en la mayoría de siniestros registrados.
Fasecolda ha propuesto al Gobierno rediseñar el Soat bajo tres pilares: ajustar las tarifas según el riesgo real, establecer controles más estrictos contra el fraude en clínicas y hospitales, y garantizar el acceso sin colapsar financieramente a las aseguradoras. Este llamado, que podría sonar técnico o gremialista, en realidad toca una fibra social: el Soat salva vidas todos los días, pero si se convierte en un negocio inviable, el impacto será directo en la atención de emergencias.
Más allá del Soat, el sector asegurador muestra signos de dinamismo. La penetración del seguro en Colombia equivale hoy al 3,2 % del PIB, cifra que si bien está en línea con América Latina, aún está muy lejos de los estándares de países de la OCDE, donde el promedio es de 8,7 %. Esto significa que hay un enorme espacio de crecimiento si se logra robustecer la confianza ciudadana y simplificar los mecanismos de afiliación, especialmente en seguros de salud y vida.
Los seguros, en particular en un país con alta informalidad laboral y riesgos estructurales en movilidad, salud y pensiones, no son un lujo, sino una herramienta de protección social. La reciente discusión sobre la reforma pensional y la incertidumbre sobre su aplicación también impactan al sector, que ve en la diversificación de coberturas una oportunidad de expansión, pero también de corresponsabilidad en la política pública.
El Soat, entonces, es solo la punta del iceberg. Su rediseño es urgente no sólo por razones económicas, sino por justicia social. Proteger a las víctimas de la vía, sin exponer al sistema al colapso financiero, debe ser una prioridad compartida entre el Estado, las aseguradoras y la ciudadanía. Porque un seguro que no puede sostenerse, deja de ser un derecho y se convierte en una promesa vacía.
