El pulso entre la justicia y el Gobierno Nacional sumó un nuevo capítulo. Un juez de Medellín ordenó al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, cumplir en un plazo máximo de 48 horas con el giro de los recursos necesarios para la consulta popular del Área Metropolitana del Oriente antioqueño. La decisión judicial, emitida por el Juzgado Sexto de Familia de Oralidad, advierte que, de no acatar la orden, el alto funcionario podría enfrentarse a un incidente de desacato.
El fallo, conocido este lunes, llega justo un día después de la fecha en la que estaba prevista la jornada electoral que permitiría a los municipios del Oriente decidir si conforman o no su área metropolitana. Sin embargo, la falta de recursos impidió la realización del proceso, generando inconformidad entre los mandatarios locales y los habitantes de la región, que llevan meses a la espera de una respuesta del Gobierno central.
En el texto de la providencia, el juez es categórico: “Requerir al doctor Germán Ávila Plazas, como persona natural y en calidad de ministro de Hacienda y Crédito Público; para que, en el término de los dos días siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a cumplir el fallo de tutela No. 159 del 30 de octubre de 2025”. Además, exige al ministro explicar las razones por las cuales no se ha cumplido con la orden de financiar la consulta, bajo advertencia de abrir un incidente de desacato si su informe resulta insatisfactorio.
Esta decisión judicial no es la primera que busca destrabar el proceso. Hace una semana, la misma cartera fue notificada de otro fallo que le ordenaba honrar los pagos requeridos para la consulta. No obstante, el Ministerio de Hacienda no realizó los desembolsos, argumentando dificultades presupuestales y la falta de claridad sobre las responsabilidades administrativas del proceso.
El caso ha generado tensión entre las autoridades regionales y el Gobierno Nacional. Alcaldes del Oriente antioqueño han manifestado su frustración ante lo que califican como una “indiferencia institucional” frente a una decisión que consideran clave para el desarrollo de la subregión. “La gente se siente burlada. Se convocó una consulta, se hizo pedagogía y, al final, no hubo recursos para garantizar su derecho al voto”, expresó uno de los mandatarios locales.
En el fondo, el debate trasciende lo jurídico y se adentra en el terreno político. La creación del Área Metropolitana del Oriente ha sido vista por algunos sectores como un paso estratégico hacia la integración regional y la gestión conjunta de temas como la movilidad, el ordenamiento territorial y la protección ambiental. Sin embargo, la falta de apoyo financiero desde el nivel central ha congelado el proyecto y sembrado dudas sobre su viabilidad.
La advertencia del juez, con plazo perentorio de 48 horas, pone al ministro Ávila Plazas en una posición incómoda. De no responder de manera satisfactoria, la justicia podría avanzar en un proceso por desacato que, en casos extremos, contempla sanciones personales. En un contexto político ya marcado por tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial, este episodio se suma a los recientes llamados de atención de los tribunales frente al cumplimiento de órdenes constitucionales.
Por ahora, el futuro de la consulta popular del Oriente antioqueño sigue en suspenso. Mientras los municipios esperan que el dinero llegue para convocar nuevamente a las urnas, el reloj judicial sigue corriendo, recordando al Gobierno que los plazos de la ley no son materia de negociación. El desenlace, que se conocerá en cuestión de horas, marcará un precedente sobre los límites del poder administrativo frente a las órdenes de los jueces en un país donde la justicia, una vez más, exige ser oído.
