En un nuevo golpe contra las huellas del narcotráfico en Colombia, la Fiscalía General de la Nación, en trabajo conjunto con la Policía Nacional, decretó la extinción de dominio sobre dos inmuebles ubicados en Medellín, avaluados en más de $1.000 millones. Lo que parecería una diligencia más en la lucha contra los bienes del crimen, en realidad toca fibras profundas de la historia violenta del país: los predios estarían ligados a dos figuras emblemáticas del Cartel de Medellín, Roberto Escobar Gaviria, alias “El Osito”, y Sebastián Alzate Urquijo, conocido como “El Arete”, uno de los más temidos jefes de sicarios del desaparecido imperio criminal.
Las pesquisas de la Fiscalía revelan que ambos inmuebles fueron adquiridos con dineros provenientes del narcotráfico y otras actividades ilegales desarrolladas durante los años más cruentos del cartel. Uno de ellos, cuyo valor exacto no fue revelado, figuraba a nombre de un tercero cercano a “El Arete”. Las pruebas patrimoniales indicarían que la propiedad fue comprada en la época en que Urquijo acumulaba riquezas como parte del engranaje que enviaba cargamentos masivos de cocaína a los Estados Unidos, mientras ejecutaba atentados y asesinatos al servicio de Pablo Escobar.
El segundo inmueble, un edificio ubicado en el tradicional barrio Aranjuez, habría sido adquirido en un 50% por Roberto Escobar, hermano del capo. Según los hallazgos, la financiación de esa compra también tendría raíces en operaciones ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Esta propiedad, que pasó desapercibida durante años, forma ahora parte del mapa de activos que las autoridades buscan recuperar para el Estado, como reparación simbólica a las víctimas del narcotráfico y sus derivados.
Los investigadores detallan que “El Osito” y “El Arete” fueron piezas fundamentales en la arquitectura financiera del Cartel de Medellín. Ambos utilizaron una compleja red de testaferros, compuesta por amigos y familiares, para lavar activos y ocultar el origen del dinero. Bajo esa lógica operaron durante décadas, mimetizando sus fortunas en medio del tejido urbano de Medellín, ciudad que aún carga con las cicatrices del conflicto narco. La medida de extinción de dominio incluye la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro inmediato de los bienes, que pasarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales.
Roberto Escobar, por su parte, continúa residiendo en Medellín. Su nombre ha regresado en repetidas ocasiones a la esfera pública, no por acciones judiciales directas, sino por disputas en torno a propiedades que fueron parte del emporio narco y que hoy se reclaman como patrimonio del Estado. En marzo de 2024, la Sociedad de Activos Especiales logró recuperar una casa en el exclusivo sector de El Poblado, que el hermano del capo había convertido en un polémico museo-homenaje a Pablo Escobar, en abierta violación a normas urbanísticas.
Ese museo, que operó hasta 2018, fue clausurado por las autoridades al comprobar que carecía de permisos y generaba un turismo oscuro que glorificaba la figura del narcotraficante. A pesar de múltiples intentos judiciales por dilatar la entrega del predio, “El Osito” tuvo que ceder. La casa fue intervenida y actualmente forma parte del inventario de bienes que podrían destinarse a programas de memoria histórica o reparación simbólica.
La figura de “El Arete”, en contraste, se desvanece entre sombras más densas. Aunque su nombre permanece en los archivos de la justicia, su paradero actual es incierto, y sobre él pesan múltiples investigaciones por delitos cometidos durante su sangrienta carrera criminal. El operativo de esta semana, más que una acción jurídica, es un nuevo capítulo en el esfuerzo del Estado colombiano por desmontar las estructuras económicas que sostuvieron al Cartel de Medellín y que, aún hoy, buscan mimetizarse entre la legalidad aparente de una ciudad que no olvida.
