El tema de la tasa especial de seguridad ha generado no solo un debate sobre su legalidad, sino también un tenso enfrentamiento entre las autoridades locales y las instituciones encargadas de la prestación de servicios públicos en Medellín. Empresas Públicas de Medellín (EPM), una de las entidades más importantes de la ciudad, ha sido el centro de este conflicto. A pesar de la oposición del alcalde Federico Gutiérrez al cobro de este nuevo impuesto, la entidad finalmente cedió y entregó a la Gobernación de Antioquia los datos necesarios para su implementación. Este acto, aunque esperado, no estuvo exento de tensiones y de una serie de reservas por parte de EPM sobre la seguridad de la información proporcionada.
La controversia comenzó cuando, a finales de 2022, la Asamblea Departamental aprobó la creación de la tasa especial de seguridad, un tributo que impactará tanto a hogares como a empresas. Desde el primer momento, Gutiérrez dejó clara su postura en contra de esta nueva carga tributaria. A pesar de que la tasa fue aprobada por la Asamblea, el alcalde expresó su descontento con la medida, señalando que no estaba de acuerdo con la creación de un impuesto adicional. A pesar de este rechazo, Gutiérrez también subrayó que la ley es clara, y en ese sentido, EPM debía cumplir con las disposiciones legales, aunque no compartiera la decisión política detrás de ellas.
En una rueda de prensa realizada este lunes, Gutiérrez explicó cómo, desde diciembre de 2022, se había dado un cruce de comunicaciones entre la Gobernación y EPM respecto al cobro de la tasa. Desde el principio, el gobierno departamental había anticipado que el impuesto sería recaudado a través de una filial del IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia), lo que provocó inicialmente una serie de dudas sobre la confidencialidad de los datos solicitados por las autoridades. La solicitud de la Gobernación de Antioquia a EPM para entregar los datos de sus clientes, necesarios para calcular el cobro, puso a la entidad en una encrucijada, pues temían que dicha información pudiera ser expuesta a terceros o a competidores, lo que podría comprometer la privacidad de los usuarios.
Gutiérrez fue claro al afirmar que la preocupación de EPM no era infundada. El alcalde señaló que, como ente autónomo, EPM tenía la obligación de proteger la información sensible de sus usuarios, especialmente cuando se trataba de datos privados. Según el mandatario local, las dudas sobre la exposición de estos datos a terceros fueron un motivo clave para la demora en la entrega de la información solicitada. Sin embargo, tras un proceso de validación técnica y legal, EPM accedió finalmente a entregar los datos requeridos, bajo la condición de que se garantizaría la protección de la confidencialidad y la seguridad de la información.
A pesar de las tensiones, Gutiérrez insistió en que la Ley es clara en cuanto a la obligación de cumplir con las disposiciones que le son exigidas por las autoridades competentes, en este caso, la Gobernación como ente tributario. “Nadie está por encima de la ley”, expresó el alcalde, enfatizando que, aunque EPM se oponía a la creación de la tasa de seguridad, no podía eludir su responsabilidad de entregar la información necesaria para su implementación, siempre y cuando se asegurara el resguardo de los datos.
Este episodio deja entrever una situación compleja, en la que se enfrentan las consideraciones legales y operativas de una entidad pública con los principios y opiniones políticas de sus autoridades locales. Si bien el alcalde Gutiérrez ha sido enfático en su rechazo al impuesto, también ha mostrado responsabilidad al reconocer que las leyes deben cumplirse, aunque no coincidan con las decisiones tomadas por el gobierno departamental. Esto, sin duda, pone de relieve el delicado balance que debe existir entre las competencias locales y las disposiciones de los entes superiores en la gestión pública.
El papel de EPM en este conflicto es fundamental, pues no solo es la entidad encargada de los servicios públicos en Medellín, sino también un operador clave en la economía y el bienestar de la ciudad. Si bien se han planteado dudas sobre la implementación de esta tasa, lo cierto es que el proceso ha obligado a las partes a trabajar en conjunto para cumplir con lo establecido por la ley, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los ciudadanos. La gran pregunta que queda es si esta tasa, aunque legal, será realmente una solución efectiva para los problemas de seguridad del departamento o si, por el contrario, se convertirá en una carga económica adicional que no justifique su existencia.
La discusión sobre la tasa de seguridad de Antioquia es solo un capítulo más en el largo camino de tensiones entre las autoridades locales y las decisiones del gobierno departamental. Mientras que la Gobernación argumenta que esta medida es esencial para garantizar la seguridad en el territorio, el alcalde Gutiérrez y muchos otros actores políticos de la ciudad siguen cuestionando si la creación de este nuevo tributo es realmente lo más adecuado para los ciudadanos. Sin embargo, lo que no se puede negar es que, más allá de las posturas políticas, el cumplimiento de la ley es un principio que debe prevalecer en todas las instancias del gobierno.
