El presidente de la República Gustavo Petro ha dado un giro estratégico en su defensa de la reforma a la salud después del desafortunado encuentro con los senadores que presentaron una ponencia de archivo.
Ahora, Petro ha decidido contraatacar, recurriendo a una táctica que pone en entredicho la integridad de algunos de los senadores opositores. Según el mandatario, varios de ellos habrían recibido financiación de entidades extranjeras durante su campaña en el 2022.
Respaldando estas acusaciones, el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, ha hecho eco de una denuncia que señala a la organización Keraty, de origen extranjero, como una de las fuentes de financiamiento de estos senadores.
Es importante destacar que Keraty es la propietaria de las reconocidas EPS Sanitas, Colsanitas y Medisanitas, lo que añade un elemento de complejidad a esta controversia.
Entre los senadores señalados se encuentran Alirio Barrera y Honorio Henríquez, de la Comisión Séptima, quienes habrían recibido la considerable suma de $35 millones de Kerlaty en 2022. Además, se menciona que el Partido Liberal, al que pertenece Miguel Ángel Pinto, habría recibido $10 millones de esta misma entidad.
Otros partidos políticos también están en la mira: La U, representada por Norma Hurtado, habría obtenido $15 millones en financiamiento, mientras que la Alianza Social Independiente, liderada por la senadora Berenice Bedoya, habría recibido $10 millones.
Estas revelaciones plantean un nuevo escenario en la discusión sobre la reforma a la salud, donde las acusaciones de financiamiento externo podrían influir en la percepción pública sobre la objetividad de los senadores y sus posturas frente al tema.