Una sombra de incertidumbre se cierne sobre la logística estatal en Colombia: la Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas ante un inminente riesgo de desabastecimiento de pasaportes en todo el país. En un comunicado divulgado este lunes, el órgano de control señaló posibles irregularidades en el convenio suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, lo que podría derivar en un colapso de uno de los servicios más esenciales para la ciudadanía: la expedición del documento que garantiza el derecho a la libre locomoción internacional.
Según el Ministerio Público, el acuerdo firmado por el Gobierno Nacional carece de los estudios previos y documentos precontractuales exigidos por la ley, una omisión que compromete no solo la legalidad del proceso, sino su eficacia. “No se conocen los estudios previos ni los documentos precontractuales exigidos por la ley para la firma del convenio entre Cancillería y la Imprenta Nacional”, advirtió la Procuraduría, dejando entrever una preocupante improvisación institucional.
La situación es aún más delicada si se considera la fecha crítica del 1 de septiembre de 2025, momento en el que vence el contrato actual. A menos de dos meses de que culmine este periodo, no se ha definido con claridad quién o cómo se garantizará la continuidad en la expedición de pasaportes. Para los ciudadanos que dependen de este documento para estudiar, trabajar o simplemente movilizarse fuera del país, la incertidumbre se convierte en angustia.
El documento de la Procuraduría subraya la importancia de la planificación rigurosa en los procesos contractuales del Estado. La falta de claridad en los roles, las responsabilidades y las capacidades logísticas entre las partes contratantes pone en jaque no solo la legalidad del convenio, sino su viabilidad práctica. En otras palabras, no se trata únicamente de un trámite administrativo mal llevado, sino de una falla que podría afectar a millones de colombianos.
Voceros del Ministerio Público insistieron en que esta situación puede comprometer el derecho fundamental al libre tránsito y causar un perjuicio generalizado si no se adoptan medidas urgentes. El pasaporte, en este contexto, deja de ser un simple documento y se convierte en el símbolo de una institucionalidad que no puede darse el lujo de fallar. La advertencia no es menor: sin planificación, no habrá documentos, y sin documentos, no habrá viaje posible.
El silencio del Gobierno Nacional frente a estas advertencias alimenta aún más la preocupación. Mientras la Cancillería guarda reserva sobre los detalles del convenio y sus procesos internos, la ciudadanía se enfrenta a una realidad cada vez más probable: largas filas, demoras interminables y una posible parálisis en la expedición de pasaportes. La historia reciente demuestra que estos vacíos administrativos suelen pagarse con caos en las oficinas y frustración en las fronteras.
Colombia se enfrenta, entonces, a una disyuntiva: actuar con celeridad y responsabilidad para corregir las fallas señaladas por la Procuraduría, o continuar por la senda del descuido burocrático. El reloj avanza y el riesgo se agudiza. En este juego de tiempos y papeles, está en juego no solo la capacidad del Estado para garantizar servicios básicos, sino la confianza de los ciudadanos en que aún hay instituciones que piensan más allá de la coyuntura.
