Colombia está jugando al filo del apagón. Lo que hasta hace unos años parecía una advertencia lejana, hoy se perfila como una amenaza concreta: a partir de 2026, y con mayor gravedad en 2027, el país podría enfrentar un déficit energético que comprometería la estabilidad del sistema eléctrico y pondría en jaque el bienestar de millones. La energía, que hasta ahora fluía como una certeza silenciosa en nuestros hogares y ciudades, podría no ser suficiente para todos.
Los datos que llegan desde XM, operador del sistema interconectado, no dejan mucho espacio para el optimismo. En 2025, el déficit de energía firme superará los 1.300 GWh. Para 2027, el panorama se oscurece aún más: el hueco podría superar los 3.100 GWh, lo que equivaldría a un desbalance de -3,5 % en la cobertura de la demanda nacional. Y aunque las cifras pueden parecer frías, detrás de cada número hay una realidad: regiones enteras expuestas a racionamientos, industrias paralizadas, y ciudadanos atrapados en la incertidumbre.
El diagnóstico es claro, y su causa también: los proyectos de generación y transmisión eléctrica avanzan con una lentitud alarmante. Obstáculos ambientales, conflictos sociales no resueltos y cuellos de botella financieros están paralizando obras que deberían estar garantizando la energía del futuro. La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez Jaramillo, lo advirtió con crudeza: “Si tenemos un fenómeno como El Niño o fallas simultáneas en los proyectos, ya no hay suficiente energía para cubrir el consumo. Eso presiona los precios y puede generar restricciones de suministro”.
El dilema no es sólo técnico: es político y estructural. El país ha postergado durante años una conversación seria sobre su modelo energético. Se celebra la transición hacia energías limpias —solar, eólica—, pero los proyectos enfrentan demoras por permisos ambientales, consultas previas o falta de infraestructura. Mientras tanto, se sigue confiando en el respaldo térmico, que es más costoso, más contaminante y, en muchos casos, vulnerable al precio internacional del gas o del carbón.
Las advertencias no vienen solo del sector privado. El Centro Regional de Estudios de Energía (Cree), basado en datos de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) y de XM, confirma que la capacidad instalada del país, incluso con las plantas térmicas y renovables en operación, será insuficiente para cubrir la demanda media proyectada desde 2027 hasta, por lo menos, 2037. Es decir, una década de tensión energética si no se toman decisiones urgentes.
La ironía es dolorosa: Colombia es un país con un potencial energético extraordinario, con sol, viento, agua y recursos fósiles. Sin embargo, el problema no es de escasez, sino de gestión. Y esa gestión se ve atrapada entre la burocracia estatal, la fragmentación institucional y un entorno social cada vez más complejo, donde las comunidades —con razón— exigen ser escuchadas, pero muchas veces sin que exista una hoja de ruta clara para conciliar desarrollo y derechos.
La energía es más que un tema técnico: es la base silenciosa de la vida moderna. Si las autoridades no actúan ya, si los proyectos no se destraban, si el Estado no encuentra una manera eficaz de conciliar lo ambiental, lo social y lo económico, el país podría enfrentarse, no solo a un apagón eléctrico, sino a un colapso de confianza. Porque cuando la luz se apaga, también se apagan, por un instante, la fe en las instituciones y la certeza de que el futuro está bajo control.
