En marzo de 2023, la Institución Universitaria de Envigado (IUE) fue víctima de un fraude digital que, según las investigaciones, desvió de sus cuentas más de $4.300 millones, equivalentes a casi un millón de dólares. Lo que parecía una simple transacción institucional terminó convirtiéndose en un escándalo financiero que hoy sigue sin resolverse y que tiene en la mira a la exrectora Blanca Echeverri Londoño y a la extesorera Sandra Tobón Alzate. La Procuraduría General de la Nación ya ha intervenido para determinar cómo una universidad pública pudo caer en una trampa tan sofisticada como absurda.
Todo comenzó con un correo electrónico que llegó al buzón institucional de la tesorera Tobón el 22 de marzo de 2023. El mensaje, que imitaba la dirección de la rectora Echeverri, le pedía tramitar un desembolso por $922.118 dólares a una entidad extranjera. El motivo: una supuesta inversión que permitiría a la universidad adquirir participación en una organización internacional. La instrucción parecía urgente y, sobre todo, confidencial. “No comente este asunto con nadie, ni siquiera conmigo”, decía el texto. Un detalle que, en retrospectiva, resultó tan revelador como inquietante.
El correo contenía varios signos de alarma: errores en el lenguaje institucional, términos impropios como “empresa” o “parte adversa”, y la exigencia de que toda la gestión se hiciera a través de otro correo “personal” de la rectora. Aun así, la tesorera siguió las indicaciones y comenzó a comunicarse con un supuesto intermediario llamado Rodrigo Ribeiro, quien le envió una factura de pago. La documentación, aunque sospechosa, fue enviada al Banco BBVA, donde estaban los recursos de la IUE.
Inicialmente, la entidad bancaria rechazó la factura por inconsistencias formales. Sin embargo, según el relato de Echeverri ante el Concejo de Envigado, el banco habría indicado cómo corregirla para que el desembolso pudiera efectuarse. “Incluso, sugirieron cambiar el concepto del pago: en lugar de mencionar ‘subsidios chinos’, recomendaron registrarlo como ‘adquisición de maquinaria’”, aseguró la exrectora durante la sesión, dejando perplejos a los concejales.
El 24 de marzo, justo antes de la 1:00 p. m., el dinero fue transferido. Días después, al intentar verificar la operación, la IUE descubrió que el destinatario no existía y que los correos provenían de direcciones falsas. Los fondos se habían desvanecido entre cuentas internacionales imposibles de rastrear. La universidad, que se define como un centro de formación y transparencia, se convirtió en víctima de un golpe cibernético de manual.
En junio de 2023, Echeverri aseguró ante el Concejo Municipal que “los recursos serían recuperados” y que el equipo jurídico de la universidad estaba adelantando conversaciones con el banco para lograr una conciliación. “Estamos convencidos de que el dinero regresará, así será”, prometió entonces. Hoy, más de un año después, la promesa sigue sin cumplirse, y los más de $4.300 millones siguen sin aparecer.
La Procuraduría General de la Nación, ante la magnitud del caso, decidió vincular formalmente a la ex rectora y a la ex tesorera en las investigaciones disciplinarias. El organismo busca establecer si hubo negligencia, falta de control o complicidad en un esquema que, más allá de la estafa digital, revela graves fallas en los protocolos de seguridad financiera de una institución pública.
Mientras tanto, en Envigado, el escándalo vuelve a resonar cada vez que los medios locales lo recuerdan. El episodio ha dejado una lección amarga: la vulnerabilidad institucional ante los delitos informáticos. Y también una pregunta que sigue sin respuesta: ¿cómo pudo perderse casi un millón de dólares por un simple correo electrónico? En tiempos en que un clic puede costar millones, la IUE se convirtió en un ejemplo doloroso de lo que ocurre cuando la confianza vence a la precaución.
