Sin dilaciones ni maniobras procesales, la Fiscalía General de la Nación presentó este lunes el expediente más reciente contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. En una audiencia realizada en Barranquilla, el ente acusador le imputó seis nuevos delitos que, según las autoridades, se remontan a su paso por la Asamblea del Atlántico. No se trata del proceso relacionado con la financiación de la campaña presidencial de su padre, sino de un capítulo distinto, centrado en presuntos actos de corrupción con recursos públicos destinados a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
El nuevo proceso, que avanza ante el Juzgado 14 de Garantías de Barranquilla, definirá este miércoles un punto crucial: si Petro Burgos deberá enfrentar el juicio desde una celda o en libertad. La fiscal del caso, Lucy Laborde, reveló que la Fiscalía cuenta con pruebas documentales y testimoniales que probarían la existencia de un “acuerdo corrupto” entre el entonces diputado y varios funcionarios de la Gobernación del Atlántico. La historia, de confirmarse, sería la antítesis de la narrativa que su padre, el presidente Petro, ha construido en torno a la dignidad y la justicia social.
Según la imputación, el supuesto entramado giraba alrededor de contratos celebrados con la Fundación Conciencia Social (FUCOSO), dirigida por Gustavo de la Ossa. Estos convenios, financiados con recursos del departamento, estaban destinados a programas de apoyo para adultos mayores, pero la Fiscalía sostiene que fueron utilizados para desviar fondos hacia fines personales y repartir sobornos entre los involucrados. Incluso, en la lista de partícipes figura Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro y pieza clave en las revelaciones que desataron los procesos judiciales contra él.
“La Fiscalía pudo establecer que se trató de un acuerdo corrupto en el cual los recursos departamentales eran desviados mediante contratos simulados con la Fundación FUCOSO. Gran parte de los dineros no se destinaban al objeto contractual, sino que se repartían ilícitamente entre los implicados”, señaló la fiscal Laborde durante la audiencia. Con base en esos hechos, el hijo del presidente deberá responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio.
El peso jurídico de estos cargos no es menor. De ser hallado culpable, Nicolás Petro podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión, según estimaciones de penalistas consultados. “Estamos ante un concurso heterogéneo de conductas punibles. La eventual pena dependerá de la solidez de las pruebas en juicio y de si se presentan figuras como preacuerdos o principios de oportunidad, que podrían reducir significativamente la sanción”, explicó el abogado penalista César Augusto Vargas.
El panorama judicial de Petro Burgos se complejiza además porque este nuevo proceso avanza con mayor celeridad que el primero: el que lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos durante la campaña presidencial de 2022. Ese expediente, que involucra supuestas donaciones irregulares a la campaña de su padre, permanece en una especie de letargo procesal, en contraste con el impulso que ha tomado el caso de los contratos del Atlántico.
En los círculos políticos, la situación del hijo del presidente genera un debate incómodo. Mientras algunos sectores consideran que el Gobierno ha respetado la independencia de la justicia, otros señalan que el caso erosiona la credibilidad moral del discurso presidencial. Petro padre, por su parte, ha mantenido silencio, limitándose a reiterar que no intervendrá en los asuntos judiciales de su familia y que la justicia debe “actuar con total independencia”.
El juicio contra Nicolás Petro Burgos, más allá de su desenlace, se perfila como una de las pruebas más delicadas para el relato ético del petrismo. En el escenario judicial de Barranquilla se cruzan, una vez más, la política, la justicia y la sombra de un apellido que hoy carga tanto con la herencia del poder como con el peso de la sospecha.
