El futuro de la Reforma Pensional quedó en suspenso tras un inusual empate 4-4 en la Corte Constitucional, una situación que obligó a sortear un conjuez para desempatar. El designado fue Carlos Pablo Márquez Escobar, un jurista de sólida formación académica y amplia trayectoria en asuntos de competencia y regulación económica, quien ahora deberá emitir el voto que podría tumbar o mantener la Ley 2381 de 2024.
La paridad en la votación se produjo luego de la recusación del magistrado Héctor Carvajal, considerado cercano al Gobierno de Gustavo Petro y antiguo funcionario de Colpensiones. Su salida del debate, motivada por un concepto previo emitido para esa entidad, alteró el equilibrio inicial: antes de su retiro, cinco magistrados se inclinaban por avalar la reforma; sin él, el tablero quedó dividido y se abrió la puerta a la participación de un conjuez.
Esta figura, recurrente en la Corte Constitucional cuando se presentan empates o impedimentos, permite suplir temporalmente a un magistrado para tomar decisiones trascendentales. Cada año, la Sala Plena selecciona 18 conjueces, postulados por los mismos magistrados y sujetos a los requisitos de rigor que exige el máximo tribunal de control constitucional. En esta ocasión, Márquez resultó elegido para ocupar un rol decisivo en un proceso de alto impacto político y social.
El jurista llega a este escenario con un perfil académico excepcional. Es doctor en Derecho de la Universidad de Oxford y magíster de la Universidad de Harvard. Su formación en Derecho, Filosofía y Economía en la Universidad Javeriana imprimió un sello interdisciplinario a su carrera, una combinación que lo ha destacado entre los expertos en regulación económica y del mercado.
Su trabajo profesional incluye la participación en algunos de los expedientes más relevantes del país en materia de competencia. Entre ellos figuran las fusiones Disney–Fox y AB InBev–Bavaria, además de investigaciones por abuso de posición dominante contra Bavaria y otros casos que marcaron la agenda económica, como el proceso contra los clubes del fútbol profesional colombiano.
No solo ha litigado y asesorado a empresas de diferentes sectores, sino que también ha desempeñado cargos fundamentales en la arquitectura regulatoria del Estado. Entre 2010 y 2012 fue superintendente para la Protección de la Competencia y, posteriormente, dirigió y comisionó la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) entre 2012 y 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Su trayectoria también incluye asesorías para la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio del Interior y de Justicia, experiencia que le ha permitido comprender a profundidad los engranajes del Estado y el impacto de las decisiones regulatorias en la vida cotidiana de los ciudadanos. Esa mezcla de práctica, teoría y manejo institucional lo convierte en una figura con autoridad técnica para enfrentar un expediente de esta magnitud.
Ahora, con el país atento a la suerte de la Reforma Pensional, Carlos Pablo Márquez tiene en sus manos una decisión que no solo resolverá un empate jurídico, sino que marcará el rumbo del sistema pensional para los próximos años. Su voto, cuando llegue, será determinante en un debate que divide a la opinión pública y que definirá el alcance de una de las reformas más importantes del actual gobierno.
