En un giro jurídico de alta resonancia nacional, la Fiscalía General de la Nación anunció la radicación del escrito de acusación en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, junto con nueve exfuncionarios de su administración y tres particulares, por presuntas irregularidades relacionadas con el predio conocido como Aguas Vivas. El caso, que involucra delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, pone al exmandatario en la antesala de un juicio penal que podría marcar un antes y un después en su carrera política.
Según el ente acusador, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, la administración de Quintero habría intentado transformar una cesión gratuita del predio en una millonaria compraventa, con el fin de pagar más de 40.500 millones de pesos a los supuestos tenedores del terreno. Este viraje, al parecer, se habría intentado consumar mediante una conciliación prejudicial y otros mecanismos administrativos irregulares, en los que participaron varios altos funcionarios de su gobierno.
Entre los exservidores públicos que serán llevados a juicio se encuentran figuras clave de su gabinete: Ingrid Vanessa González Montoya, Yina Marcela Pedroza Gómez, Carlos Mario Montoya Serna, Karen Bibiana Delgado Manjarrés, Sergio Andrés López Muñoz, Natalia Andrea Jiménez Pérez, Alethia Carolina Arango Gil, Leidy Jiménez Echavarría y Fabio Andrés Trujillo García. A estos nombres se suman los particulares Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, quienes habrían sido los beneficiarios directos del lote en disputa.
El núcleo de la acusación gira en torno a la modificación presuntamente irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), mediante la cual se habría elevado artificialmente el avalúo del terreno y se habrían expedido actos administrativos para permitir desarrollos urbanísticos que antes estaban prohibidos. Esta maniobra no solo buscaba favorecer a intereses privados, sino que, de acuerdo con la Fiscalía, se habría gestado desde los más altos niveles del despacho del entonces alcalde.
La gravedad del caso radica también en el hecho de que, a pesar de la férrea defensa de Quintero y sus coacusados, el Juzgado Once Penal del Circuito con Función de Conocimiento decidió reconocer a la Alcaldía de Medellín como víctima en el proceso. Con ello, se formaliza la tesis de que los actos investigados habrían atentado contra el patrimonio público de la ciudad, generando un daño económico potencial de gran magnitud.
Este nuevo capítulo en la vida política de Daniel Quintero, quien ha buscado proyectarse como una figura nacional tras su paso por la alcaldía, abre una grieta difícil de ignorar. Mientras se alistan las audiencias preparatorias, el país observa con atención el desenlace de un proceso que, más allá de sus implicaciones penales, plantea serias preguntas sobre el uso del poder local y el manejo de los recursos públicos.
Así, Medellín vuelve a estar en el ojo del huracán judicial, con un caso que combina poder, contratos, decisiones urbanísticas y, según la Fiscalía, un entramado de corrupción diseñado para favorecer a unos pocos a costa del erario. El juicio de Aguas Vivas apenas comienza, pero ya promete remover profundamente las aguas políticas del país.
