La política, como la vida, no perdona vacilaciones. Ayer, mientras en los pasillos del Capitolio Nacional se acomodaron las fichas del poder legislativo, el Gobierno Nacional decidió mover la suya con celeridad y, para algunos, con audacia temeraria. Horas después de perder el control de la Comisión Séptima del Senado —instancia clave para debatir la polémica reforma a la salud—, el Ministerio de Salud sorprendió al país al expedir el Decreto 0858 de 2025, con el que se da inicio a la implementación de un nuevo modelo de salud sin pasar por el Congreso.
La derrota del oficialismo fue clara. El Pacto Histórico, coalición que respalda al presidente Gustavo Petro, perdió el pulso por la presidencia de la Comisión Séptima a manos del senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, un hombre que, aunque cercano a las formas institucionales, se ha mantenido distante del ideario presidencial. Con esa jugada, la ruta legislativa para la reforma a la salud quedó empantanada, y con ello, el Gobierno optó por una salida más expedita, aunque no menos controvertida: el decreto.
El texto del Decreto 0858 no escatima en ambición. Promete un modelo “preventivo, predictivo y resolutivo”, como política pública de salud para todo el país. La retórica, sin embargo, contrasta con las tensiones institucionales que atraviesan al Ejecutivo y el Legislativo. La decisión de implementar la reforma por vía administrativa y no legislativa no sólo marca un cambio de estrategia, sino que profundiza una grieta entre el Gobierno y quienes consideran que las grandes transformaciones requieren consensos democráticos, no solo mayorías circunstanciales.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha defendido la medida argumentando que el Gobierno no puede detenerse ante el bloqueo político. Según sus declaraciones, lo que está en juego no es una victoria partidista, sino la salud de millones de colombianos que aún esperan un sistema más equitativo y territorial. No obstante, sectores de la oposición —y no pocos analistas independientes— alertan sobre el riesgo de legislar por decreto en temas que requieren debate público, financiación clara y articulación institucional.
Más allá de las formalidades jurídicas, el país entra ahora en un terreno incierto. ¿Tiene el Gobierno la capacidad operativa y presupuestal para ejecutar esta reforma sin el respaldo normativo del Congreso? ¿Se trata de una movida legítima ante un bloqueo político, o de un atajo que podría debilitar aún más la gobernabilidad? La historia reciente de Colombia no es benévola con las decisiones tomadas al margen del diálogo democrático.
Lo que está claro es que el pulso por el modelo de salud no ha terminado. Lo que se perdió en el Senado se intenta recuperar desde el Ejecutivo, pero el campo de batalla ahora se traslada a las regiones, a las EPS, a los hospitales públicos y al cuerpo médico que deberá implementar —o resistir— los lineamientos de un decreto que llega sin consenso político, pero con el peso de una promesa presidencial.
En este momento, lo que se juega no es solo una reforma, sino la legitimidad de las formas democráticas en tiempos de confrontación. La salud del pueblo, una vez más, queda atrapada entre la voluntad política y las tensiones del poder. Como en tantos otros capítulos de nuestra historia, será el ciudadano común quien termine pagando el precio de las decisiones tomadas en las alturas.
