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El Gobierno interviene a la EPS Sanitas: ¿Expropiación encubierta o medida necesaria?

La Superintendencia de Salud notificó anoche la intervención sorpresiva de la EPS Sanitas, una de las prestadoras de servicios de salud más importantes del país, encargada de la atención a más de 5.7 millones de pacientes afiliados.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, había adelantado que Sanitas no cumplía con las reservas ni con el patrimonio, a pesar de pertenecer a un grupo empresarial exitoso financieramente, con negocios y hospitales en varias partes del mundo y reportar grandes utilidades.

El senador Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán expresó su preocupación, sugiriendo que la intervención se asemeja más a una expropiación que a una simple medida administrativa.

Con datos actualizados hasta 2022, se revela que Sanitas recibió 7.5 billones de pesos y perdió 295.368 millones, acumulando una deuda total de aproximadamente 2.3 billones de pesos, según cifras de la SuperSalud y la SuperSociedades.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por aprobar una reforma a la salud en el Senado, la Comisión Séptima no atendió sus súplicas y programó una nueva sesión la determinar la suerte del proyecto.

Anoche, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la intervención de Sanitas, destacando la necesidad de actuar según la ley y la Constitución para salvar el sistema de salud y proteger a los colombianos.

El Gobierno designó a Dicson Vargas Rojas como agente interventor de Sanitas, quien previamente ha ejercido como interventor del hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar. La incertidumbre y el debate sobre la verdadera naturaleza de esta intervención persisten en medio de un escenario de tensiones políticas y preocupaciones sobre el futuro de la atención médica en el país.

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