La Superintendencia de Salud notificó anoche la intervención sorpresiva de la EPS Sanitas, una de las prestadoras de servicios de salud más importantes del país, encargada de la atención a más de 5.7 millones de pacientes afiliados.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, había adelantado que Sanitas no cumplía con las reservas ni con el patrimonio, a pesar de pertenecer a un grupo empresarial exitoso financieramente, con negocios y hospitales en varias partes del mundo y reportar grandes utilidades.
El senador Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán expresó su preocupación, sugiriendo que la intervención se asemeja más a una expropiación que a una simple medida administrativa.
Con datos actualizados hasta 2022, se revela que Sanitas recibió 7.5 billones de pesos y perdió 295.368 millones, acumulando una deuda total de aproximadamente 2.3 billones de pesos, según cifras de la SuperSalud y la SuperSociedades.
A pesar de los esfuerzos del gobierno por aprobar una reforma a la salud en el Senado, la Comisión Séptima no atendió sus súplicas y programó una nueva sesión la determinar la suerte del proyecto.
Anoche, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la intervención de Sanitas, destacando la necesidad de actuar según la ley y la Constitución para salvar el sistema de salud y proteger a los colombianos.
El Gobierno designó a Dicson Vargas Rojas como agente interventor de Sanitas, quien previamente ha ejercido como interventor del hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar. La incertidumbre y el debate sobre la verdadera naturaleza de esta intervención persisten en medio de un escenario de tensiones políticas y preocupaciones sobre el futuro de la atención médica en el país.
