Una cifra inquietante ronda los pasillos de la Alcaldía de Medellín: más de 8.000 demandas activas podrían costarle al Distrito cerca de $5 billones en pretensiones judiciales. Para dimensionar el impacto, basta decir que esa suma representa casi la mitad del presupuesto total de la ciudad para 2025, estimado en $10,9 billones. El enredo legal es tan vasto como variado: desde accidentes por aceras rotas, demandas laborales de maestros, hasta disputas por contratos mal ejecutados o decisiones administrativas controvertidas.
Cuando Federico Gutiérrez retomó el gobierno de Medellín este año, el panorama era aún más alarmante: 11.000 procesos en curso y pretensiones por más de $8 billones. El equipo jurídico de la administración emprendió entonces una depuración urgente que permitió reducir esa montaña de litigios. Según Sebastián Gómez, secretario General de la Alcaldía, se logró bajar el número de demandas a 8.000 y el monto reclamado a $4,92 billones, en parte gracias a la unificación de procesos ante el Consejo de Estado —especialmente en el caso de reclamaciones del magisterio— y a negociaciones para anticipar fallos o llegar a conciliaciones cuando las probabilidades de perder eran altas.
Esa tarea de contención ha ido de la mano con una revisión minuciosa de las sentencias ya emitidas que, paradójicamente, no estaban siendo pagadas. “Cuando llegué no sabía qué sentencia había que pagar y eso lo mandé a la Procuraduría”, relató Gómez. Encontró una Alcaldía con más de 50 fallos judiciales pendientes de cumplimiento, algunos con más de un año de retraso, y una deuda acumulada superior a los $12.000 millones. La instrucción fue clara: pagar toda condena económica en un plazo máximo de tres meses tras el fallo.
Uno de los casos más dolorosos y emblemáticos de esa mora institucional es el de Marjorie Kisner, psicóloga asesinada en 2008 por un post penado mientras trabajaba en un programa de reintegración social de la Alcaldía. El juez determinó que el Distrito falló en brindarle las condiciones mínimas de seguridad para ejercer su labor, y aun así, el cumplimiento de la sentencia permaneció en el limbo jurídico por años. Hoy, su nombre es un símbolo de la desidia que Medellín intenta dejar atrás.
El problema, sin embargo, no es solo de cifras ni de sentencias. También lo es de prevención. Cada nueva demanda representa una falla del Estado local para anticipar los riesgos legales de su actuar. En ese sentido, expertos en derecho público advierten que Medellín carece aún de una verdadera política de defensa judicial preventiva: contratos sin blindaje jurídico, decisiones administrativas poco documentadas y una débil cultura de responsabilidad institucional alimentan este ciclo vicioso.
Otro punto crítico es el talento humano que enfrenta esta avalancha jurídica. Aunque el equipo de abogados del Distrito ha sido reforzado, las cargas laborales siguen siendo altas, y la rotación frecuente impide consolidar una estrategia legal de largo plazo. “No se trata solo de litigar bien, sino de litigar menos”, dice un funcionario que pidió reserva, aludiendo a la necesidad de revisar procesos desde su origen para evitar que lleguen a los estrados.
La situación deja claro que el riesgo jurídico de Medellín no es una amenaza abstracta, sino una carga concreta que pone en jaque sus finanzas, su capacidad de gestión y su legitimidad institucional. La actual administración ha comenzado a tomar medidas, pero la solución no será inmediata ni sencilla. Resolver el enredo de las 8.000 demandas exige más que abogados y conciliaciones: exige gobernar con legalidad, previsión y memoria institucional.
