En una audiencia que prometía ser una más entre tantas del abarrotado sistema judicial, la Fiscalía General de la Nación dejó caer una revelación que estremeció las columnas del poder local y nacional. Diez presuntos miembros de la banda criminal “Los del Alto”, asentada en las laderas de Aranjuez y con tentáculos en barrios como Berlín, San Isidro y La Piñuela, fueron llevados ante la justicia. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su prontuario, sino el supuesto apoyo logístico que habrían prestado para movilizar a cientos de personas al multitudinario evento encabezado por el presidente Gustavo Petro en Medellín.
Los hechos se remontan a junio pasado, cuando La Alpujarra, símbolo institucional de la capital antioqueña, se transformó en escenario de una jornada que mezcló discursos presidenciales, arengas populares y, según la Fiscalía, una participación silenciosa pero estratégica de actores armados. “Los del Alto”, uno de los combos con mayor arraigo territorial en el norte de Medellín, habrían puesto a rodar buses llenos de simpatizantes al llamado “tarimazo”, en lo que algunos interpretan como una muestra de músculo social y territorial por parte del crimen organizado.
Las implicaciones de esta acusación rebasan lo penal. De ser ciertos los indicios presentados por la Fiscalía, estaríamos ante una peligrosa connivencia entre estructuras delincuenciales y espacios políticos de alta visibilidad. No se trataría simplemente de una operación logística para llenar una plaza, sino de un mensaje que resuena fuerte en los corredores del poder: en ciertos territorios, el control social ya no se ejerce exclusivamente desde el Estado.
Durante la diligencia judicial también se reveló que, tras el evento, los integrantes del grupo criminal organizaron una fiesta en Aranjuez. No fue un gesto cualquiera. En el lenguaje no verbal del crimen urbano, ese tipo de celebraciones son más que una efusividad pasajera: son rituales de victoria, mensajes cifrados que refuerzan la hegemonía del combo sobre el territorio. ¿Qué se celebraba realmente? ¿La presencia del Presidente? ¿La capacidad de influir en la agenda pública? ¿O el simple hecho de haber penetrado un evento oficial sin levantar sospechas?
La Fiscalía fue más allá al vincular a “Los del Alto” con la mesa de paz de Itagüí, una instancia que ha buscado, con más tropiezos que éxitos, sentar en la misma mesa a actores armados y Estado. La relación con este proceso, así como su papel en el engranaje del GDO La Terraza, da cuenta de la sofisticación de estas estructuras, que ya no solo disparan o extorsionan, sino que también saben leer los signos de la política y mover sus piezas en el tablero.
Para algunos, este episodio será rápidamente absorbido por la marea de escándalos cotidianos. Para otros, marca un punto de inflexión. ¿Estamos ante una nueva forma de cooptación criminal de la política o simplemente frente a un hecho aislado que aún debe ser probado? Lo cierto es que, en Medellín, la delgada línea entre lo legal y lo ilegal se dibuja cada vez con menos tinta.
El “tarimazo” de Petro, concebido como un acto de conexión popular, podría estar, sin quererlo, sirviendo de escenario para el reacomodo estratégico de las estructuras criminales. Y si algo ha demostrado Medellín en los últimos años, es que sus combos no solo son actores armados, sino también, y peligrosamente, actores sociales.
