El dolor que atraviesan las familias de los siete menores muertos en el bombardeo contra un campamento de las disidencias de alias Iván Mordisco, en zona rural del Guaviare, sigue extendiéndose como una herida abierta. A los pasillos de Medicina Legal han llegado padres y madres indígenas con la esperanza de que, al menos, los cuerpos de sus hijos sean identificados plenamente para emprender el camino final del duelo. Muchos de ellos habían denunciado meses atrás que sus hijos habían sido reclutados, sin que las alertas fueran suficientes para provocar la reacción oportuna del Estado.
La mezcla de duelo e indignación se siente en cada testimonio. Para estas familias, la tragedia no empezó con el operativo militar, sino mucho antes, cuando la ausencia institucional dejó espacio para que grupos armados circulan con libertad por sus territorios. El resultado fue un escenario en el que los niños quedaron a merced de quienes los engañan con promesas de protección y bienestar.
Entre las historias más desgarradoras está la de un padre indígena cuya hija fue reclutada el pasado 2 de enero. Con cautela y temor, pidió no revelar su identidad por razones de seguridad. Su relato, sin embargo, describe el mismo patrón de abandono que denuncian numerosas comunidades rurales: un Estado distante y grupos armados que ocupan ese vacío con violencia y manipulación.
“Mi hija fue reclutada el 2 de enero por fuerzas ilegales de las FARC-EP, por motivos de que no se encuentra el Estado”, dijo en diálogo con Blu Radio. Sus palabras no son solo una acusación, sino un retrato de la precariedad que viven las comunidades aisladas. Sin Policía, sin Ejército, sin presencia institucional permanente, el futuro de muchos niños queda en manos de quienes prometen una vida mejor como señuelo para arrebatarlos de sus hogares.
El padre asegura que, tras la desaparición de la niña, hizo todo lo posible por ubicarla. Llegó incluso a entregar información a las autoridades para que pudiera ser rescatada. Nunca imaginó que esa misma ubicación terminaría conduciendo a un bombardeo que le arrebató a su hija de manera definitiva. Lo que debía convertirse en una operación de protección se transformó, para él y su familia, en un golpe irreparable.
Su testimonio coincide con el de otros padres que describen el mismo mecanismo de reclutamiento: falsas promesas, discursos seductores y la explotación de la vulnerabilidad económica. Los menores, sin alternativas reales, terminan creyendo que en los grupos armados encontrarán refugio, formación o estabilidad, sin saber que están siendo empujados a un engranaje de guerra que los consume.
“Ellos llegan a decirle a mi hija que va a tener una mejor vida, que allá no va a estar sufriendo, que no le va a pasar nada”, relató. La frase, repetida casi como una letanía por otros familiares, revela cómo el engaño se convierte en arma de reclutamiento. La tragedia final, marcada por la muerte de la menor, confronta esa ilusión con la brutalidad del conflicto armado.
Mientras avanzan las investigaciones sobre el operativo militar, las familias siguen esperando respuestas. No solo sobre lo ocurrido durante el bombardeo, sino también sobre las fallas previas que permitieron que estos niños fueran arrebatados sin que sus alertas fueran atendidas. Para ellas, el país no enfrenta únicamente un error militar: enfrenta el reflejo doloroso de un abandono que se volvió mortal.
