En medio de la creciente tormenta política que sacude al Gobierno Nacional, un nuevo capítulo se abre en el caso de Juliana Guerrero, designada viceministra de Juventud. La Fundación de Educación Superior San José, institución donde Guerrero supuestamente obtuvo su título como contadora pública, anunció que anulará dicho diploma. La medida, según voceros de la universidad, responde a la imposibilidad de verificar el cumplimiento de requisitos esenciales como la presentación del examen Saber Pro, condición ineludible para cualquier egresado del sistema de educación superior colombiano.
El anuncio se produce días después de que la misma institución destituye a su secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, por su presunta participación en una cadena de irregularidades que rodean el otorgamiento exprés del título. Gutiérrez y su equipo de trabajo fueron separados de sus cargos con justa causa, en lo que la universidad calificó como una decisión tomada “en defensa de la transparencia académica y la legalidad institucional”.
Juliana Guerrero, quien actualmente se desempeña como jefe de gabinete del Ministerio del Interior, fue nombrada por el presidente Gustavo Petro como viceministra de Juventud en el Ministerio de Igualdad. Desde su designación, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre la legalidad de su formación académica. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza fue una de las primeras en levantar la voz, denunciando que Guerrero pasó, en tan solo 15 días, de no contar con un pregrado registrado a figurar como profesional titulada.
Según Pedraza, ni en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) aparece registro alguno de Guerrero como estudiante, admitida o egresada de la Fundación San José. Además, recalcó que la universidad nunca reportó su presencia en las bases de datos oficiales, un indicio más de las posibles irregularidades que comprometen no solo a la funcionaria, sino al funcionamiento administrativo interno de la institución educativa.
Frente a estas denuncias, la Fundación San José anunció la apertura de una investigación interna “exhaustiva”, con el propósito de esclarecer los hechos y garantizar que todos los títulos expedidos cumplan con los requisitos legales. Esta acción busca salvaguardar la credibilidad académica de la institución, seriamente golpeada por el escándalo que hoy la pone en el ojo del huracán.
Por su parte, el abogado de la universidad, Juan David Bazzani, aseguró que la decisión de anular el título de Guerrero obedece a la falta de evidencia sobre la presentación del examen Saber Pro, condición mínima para otorgar cualquier diploma profesional. “No existe constancia de que la señora Juliana Guerrero haya cumplido con este requisito”, afirmó en entrevista con Noticias Caracol.
Con este anuncio, el caso entra en una nueva fase que podría tener repercusiones políticas significativas para el Gobierno. La pregunta ahora no solo es quién permitió el acceso irregular a un título académico, sino también cómo fue posible que una hoja de vida con vacíos tan evidentes llegará hasta los escritorios de la Presidencia de la República. El país espera respuestas.
