Este martes 18 de marzo, el panorama político y social en Colombia se calienta debido a la declaración del presidente Gustavo Petro de hacer de este día un “día cívico”, destinado a que la ciudadanía participe en las marchas convocadas por el Gobierno. Según Petro, la razón detrás de esta convocatoria es que la gente se exprese en las calles sobre dos temas cruciales para el país: la reforma laboral y la reforma a la salud. Sin embargo, lo que parecía ser una movilización a favor de las reformas rápidamente se ha convertido en un desafío político y administrativo para la Nación.
La iniciativa de Petro se enmarca dentro de una estrategia más amplia que involucra a sectores cercanos al Gobierno, como las centrales obreras, los sindicatos de maestros, y los movimientos indígenas y sociales. Estas marchas no solo buscan dar inicio a una campaña por la consulta popular, sino que también se perfilan como un termómetro para medir el apoyo popular hacia el Ejecutivo, especialmente con la vista puesta en las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de 2026. Sin embargo, lo que algunos consideran una jornada de movilización democrática, para otros es una imposición del poder central sobre las actividades laborales y educativas de las regiones.
El hecho de que varios alcaldes y gobernadores hayan manifestado su oposición al día cívico es un indicio claro de la creciente polarización que se vive en Colombia. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha sido uno de los más enfáticos en rechazar la medida. Gutiérrez ha asegurado que el trabajo en la capital antioqueña continuará con normalidad, y que las clases en los colegios públicos y los jardines infantiles operarán sin alteraciones. Para él, la prioridad es seguir impulsando el crecimiento económico y la generación de empleos en la ciudad, que considera la mejor política social.
En la misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también expresó su rechazo al decreto presidencial. El mandatario señaló que la región no acatará la orden y que las actividades en el departamento seguirán sin interrupciones. En su opinión, la iniciativa del Gobierno no solo atenta contra la autonomía de los territorios, sino que también promueve una cultura de inactividad que podría frenar el desarrollo regional. De igual manera, otros gobernadores y alcaldes de ciudades como Bucaramanga y Cartagena han optado por no acatar la decisión del presidente, destacando la importancia de mantener el ritmo de trabajo y el servicio a la ciudadanía.
Por su parte, la alcaldía de Cali, a través de su mandatario Alejandro Eder, reiteró que las actividades en la ciudad se llevarán a cabo con normalidad. El alcalde destacó que, aunque se respeta el derecho a la protesta pacífica, lo esencial es que Cali siga avanzando con su desarrollo y ofreciendo resultados tangibles a los caleños. Para muchos, esta postura refleja el enfoque pragmático de algunas administraciones locales que prefieren mantener el orden y la productividad, por encima de las movilizaciones impulsadas desde el centro del poder.
A nivel nacional, este enfrentamiento entre el Gobierno y las autoridades locales subraya una creciente tensión en las relaciones entre las distintas ramas del poder. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se mostró crítica ante la necesidad de un día cívico. Para Toro, la consulta popular promovida por Petro busca anular la autonomía del Congreso, lo que consideró una amenaza a la institucionalidad del país. Este sentimiento parece ser compartido por varios sectores políticos que temen que la consulta termine erosionando los mecanismos democráticos establecidos para la toma de decisiones.
El contexto electoral también ha sido fundamental para entender la magnitud de este conflicto. Si bien el presidente Petro ha argumentado que las marchas son una manifestación legítima del pueblo, no son pocos los que interpretan su llamado como un intento de posicionar su agenda a menos de un año de las elecciones. El uso de recursos públicos y el aparato estatal para promover este tipo de movilizaciones es un tema de debate intenso, especialmente cuando se percibe que se podría estar aprovechando la administración para fines electorales. En este sentido, las marchas parecen ser una especie de ensayo general para las futuras elecciones, donde la polarización del país jugará un papel crucial.
El tema de la seguridad también se ha visto afectado por estas convocatorias. Varios congresistas, especialmente aquellos que forman parte de la Comisión Séptima del Senado, que discutió la reforma laboral, han recibido amenazas en el marco de este debate. La situación ha generado preocupación entre los parlamentarios, quienes no solo están enfrentando la presión política de la reforma, sino también el riesgo de ataques a su integridad física, lo que ha aumentado el clima de incertidumbre.
Finalmente, lo que parecía ser una manifestación de unidad en torno a un proyecto de reformas laborales y de salud ha desatado una serie de reacciones encontradas en todo el país. Mientras el Gobierno apoya la movilización como una expresión del pueblo, los gobernantes locales y algunos sectores políticos insisten en que el trabajo y la productividad no deben verse interrumpidos por una agenda centralista. Este choque de intereses refleja la complejidad de la política colombiana, donde la división entre el centro y la periferia se hace cada vez más palpable en las vísperas de un proceso electoral que promete ser uno de los más intensos en la historia reciente del país.
