En un reciente pronunciamiento a través de su cuenta en X, Carlos Javier Soler, exsecretario de Seguridad de Cali y exasesor de Paz, lanzó una grave acusación contra el presidente Gustavo Petro, señalando que su gobierno estaría violando de manera flagrante la Ley 418 de 1997, en su versión modificada por la Ley 2272 en 2022. Según Soler, las acciones del mandatario colombiano en torno al proceso de paz con grupos armados ilegales constituyen un delito de alta magnitud, pues no se cumplirían los requisitos establecidos por la normativa para levantar las órdenes de captura contra los negociadores de grupos como las FARC o el ELN.
La Ley 2272, en su artículo 8, establece de manera clara las condiciones que deben cumplirse para que el Estado colombiano decida suspender las órdenes de captura de aquellos miembros de grupos armados ilegales que estén en proceso de negociación. Una de las condiciones más relevantes es la creación de «zonas de concentración», áreas delimitadas por el Gobierno en las cuales los actores armados ilegales deben concentrarse para garantizar que, en el marco de la negociación, se respeten los principios de autoridad civil y control territorial del Estado. Según Soler, esta exigencia fue ignorada por el gobierno de Petro, lo que generaría un escenario peligroso de descontrol.
La denuncia de Soler subraya que, para que los negociadores de las FARC o el ELN puedan beneficiarse de la suspensión de las órdenes de captura, se deben cumplir a cabalidad las condiciones que la ley establece, y una de ellas es la delimitación de las zonas de concentración. Sin embargo, el presidente Petro, en su afán por avanzar en el proceso de paz, habría dejado de lado este requisito fundamental, permitiendo que los territorios no sean debidamente controlados por el Estado, lo que podría traer consecuencias nefastas para la seguridad del país.
Lo más alarmante en las palabras de Soler es la acusación de que, al no delimitar las zonas de concentración, el Gobierno estaría entregando de manera implícita el control de importantes territorios colombianos a las organizaciones armadas ilegales. Según Soler, esta falta de acción por parte del Ejecutivo vulnera los derechos de los ciudadanos colombianos, especialmente de las comunidades más vulnerables, como los campesinos, indígenas, afrodescendientes y mujeres, quienes quedarían a merced de los grupos armados ilegales. Este argumento genera un fuerte cuestionamiento sobre el compromiso del Gobierno con la protección de los derechos fundamentales de los colombianos en las zonas más golpeadas por el conflicto armado.
Soler enfatiza que la ausencia de zonas de concentración delimitadas por el Estado no solo es una violación a la ley, sino que también limita las capacidades de las Fuerzas Armadas para operar de manera efectiva en los territorios. La falta de un control claro del territorio dificulta las operaciones militares en áreas donde los actores ilegales podrían estar operando libremente, lo que incrementa el riesgo de que las estructuras armadas se fortalezcan y extiendan aún más su influencia en el país.
La crítica de Soler pone de manifiesto una tensión creciente dentro del panorama político y de seguridad de Colombia. A pesar de los avances en el proceso de paz, la falta de claridad sobre las condiciones legales y la implementación efectiva de los acuerdos ha generado una preocupación legítima entre varios sectores de la sociedad colombiana. En este contexto, las acusaciones de Soler se suman a una serie de voces críticas que cuestionan la viabilidad y la transparencia del proceso de desarme y reintegración de los grupos armados ilegales.
En este sentido, las autoridades deben evaluar con responsabilidad las implicaciones de cualquier acción que pueda comprometer la soberanía del Estado sobre su territorio y, más importante aún, sobre la seguridad de sus ciudadanos. La estabilidad del país depende de una correcta aplicación de la ley, pero también de la capacidad del Gobierno para mantener un control territorial efectivo que evite el retorno del caos y la violencia.
Finalmente, las palabras de Carlos Javier Soler deben ser vistas como una llamada de atención a la administración de Petro y a toda la clase política del país: el proceso de paz debe estar fundamentado en el respeto a la ley, la protección de los derechos humanos y, sobre todo, en la construcción de un Estado que sea capaz de garantizar la paz y la seguridad para todos los colombianos, sin excepciones ni compromisos que puedan poner en riesgo la estabilidad del país. La paz verdadera solo puede alcanzarse cuando se respetan los principios básicos de justicia, legalidad y soberanía.
