A tan solo diez días de la consulta interna del Pacto Histórico, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha convertido en el epicentro de una disputa jurídica y política que podría reconfigurar el panorama electoral de la izquierda en Colombia. Lo que está en juego no es menor: la posibilidad de que el movimiento liderado por el petrismo se presente como un partido único, con personería jurídica y un candidato definido para las elecciones de marzo. Una decisión técnica del alto tribunal podría convertirse en el factor determinante del rumbo que tomará el proyecto político más ambicioso del progresismo colombiano.
La consulta programada para el próximo 26 de octubre ha estado marcada por la incertidumbre. ¿Será una consulta partidista o interpartidista? La diferencia no es menor: mientras la primera permitiría consolidar el Pacto como una colectividad con todas las garantías legales, la segunda lo dejaría como un conglomerado de movimientos sin una identidad jurídica clara. Esta indefinición ha sembrado dudas, generado divisiones internas y desencadenado movimientos estratégicos, como la sorpresiva renuncia del exalcalde Daniel Quintero, quien alegó riesgos de inhabilidad, aunque analistas advierten que sus razones podrían ser más políticas que jurídicas.
Mientras tanto, los precandidatos Iván Cepeda y Carolina Corcho continúan sus recorridos por el país, tratando de mantener viva la movilización de las bases, pese a las sombras que proyecta la falta de una decisión del CNE. Ambos líderes, con perfiles distintos pero complementarios, saben que la consulta podría catapultarse o marginarlos, dependiendo del tipo de aval que reciba el proceso. Por eso, el tiempo apremia y cada jornada sin definición jurídica aumenta el riesgo de un desenlace caótico.
En los últimos días, varios dirigentes del Pacto Histórico han intensificado sus gestiones ante el Consejo Nacional Electoral, exigiendo una respuesta clara sobre el uso del logo, la personería jurídica y la validez de los resultados de la consulta. Sin esa certificación, cualquier votación del próximo domingo podría ser objeto de impugnaciones legales, debilitando aún más la legitimidad del proceso y dejando al movimiento sin una carta fuerte para las elecciones legislativas del primer semestre de 2026.
En medio de ese ambiente enrarecido, el CNE convocó a una sala plena extraordinaria con el fin de debatir los vacíos jurídicos que rodean la consulta. La ponencia, en manos de los magistrados, aún no ha sido oficializada, pero fuentes cercanas al tribunal aseguran que ya hay avances significativos que podrían desembocar en una decisión definitiva en los próximos días. El margen de maniobra es corto y las presiones políticas arrecian desde todos los frentes.
Lo cierto es que el Pacto Histórico se encuentra en una encrucijada: o logra que el CNE le reconozca un estatus jurídico sólido que le permita consolidarse como colectividad, o arriesga ver cómo se fragmenta su apuesta por una candidatura única de cara a marzo. De fondo, está el sueño de un frente amplio progresista que trascienda el legado de Gustavo Petro y pueda competir en el nuevo ciclo político sin depender exclusivamente del capital simbólico del presidente.
La renuncia de Quintero, más allá de lo jurídico, ha reavivado las tensiones internas. Algunos sectores del Pacto interpretan su salida como un intento de desmarcarse del petrismo ortodoxo, mientras otros lo ven como una jugada táctica para construir una candidatura propia por fuera del radar de la consulta. Lo cierto es que su decisión ha debilitado la narrativa de unidad que el Pacto intentaba proyectar y ha puesto en evidencia que las diferencias internas no son menores.
Ahora, con el tiempo en contra y una decisión pendiente, el Consejo Nacional Electoral tiene en sus manos no solo la validez de una consulta, sino el rumbo político de uno de los bloques más importantes del país. La izquierda, que en el pasado padeció la dispersión y la falta de institucionalidad, se juega en esta decisión la posibilidad de llegar fortalecida o fracturada a una cita electoral clave. El reloj avanza y la definición del CNE podría marcar un antes y un después en la historia reciente del progresismo colombiano.
