El nombre de Juliana Guerrero, una joven de apenas 23 años, ha causado más ruido en los pasillos del poder que muchos funcionarios de carrera. Su eventual designación como viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad, aún sin concretarse, se ha convertido en el epicentro de una tormenta política que mezcla pugnas internas en la Casa de Nariño, cuestionamientos sobre su hoja de vida y silencios cada vez más elocuentes desde el alto Gobierno. ¿Está en pausa el nombramiento? ¿O es simplemente el reflejo de un pulso más profundo dentro del petrismo?
Guerrero, cercana a varios círculos del progresismo juvenil, ha sido señalada por sectores del Gobierno como una figura con más influencia de la que públicamente se admite. Aunque oficialmente no ha ostentado altos cargos, su nombre ha sido asociado con decisiones importantes dentro del Ministerio de Igualdad y otras dependencias. Pero lo que ha disparado las alarmas en Palacio no ha sido su cercanía al poder, sino las dudas alrededor de su formación profesional, particularmente por la velocidad con la que habría obtenido su título de contadora pública y presuntas omisiones en requisitos como el examen Saber Pro.
Varias fuentes dentro del Ejecutivo confirmaron a El Espectador que la hoja de vida de Guerrero fue subida a la plataforma de aspirantes de la Presidencia —paso previo al decreto oficial—, pero desde entonces el proceso se ha congelado. Internamente, varios funcionarios del Palacio han expresado su desacuerdo con su nombramiento, e incluso dentro del Ministerio de Igualdad se han alzado voces que consideran su llegada como un retroceso. El ruido, aunque no público en su totalidad, ha sido suficiente para sembrar dudas en el presidente Gustavo Petro, quien —según supo este diario— aún no ha tomado una decisión definitiva, ni ha conversado directamente con Guerrero sobre la posibilidad de reversar la movida.
En lo jurídico, el nombramiento podría aún avanzar si se demuestra que cumple con los requisitos mínimos exigidos por la ley. Pero en lo político, el costo de sostenerla en el cargo empieza a ser más alto que el de dejar el proceso en el limbo. La presión no solo proviene de adentro. Las redes sociales, los medios y sectores académicos han cuestionado lo que consideran una designación sin méritos comprobados, que se distancia del discurso meritocrático con el que Petro ha intentado blindar su gabinete.
Además, un factor externo ha complicado aún más el panorama: el ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián —quien cuenta con la confianza de Guerrero— fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado mientras se decide una demanda sobre su inclusión en la cuota de género. Florián, quien se identifica como persona de género fluido, se había declarado mujer a efectos del cumplimiento paritario. Esta interpretación jurídica ha desatado una nueva polémica, especialmente entre colectivos feministas que cuestionan la flexibilidad con la que se entiende la paridad.
Fuentes cercanas a Guerrero aseguran que su ausencia del radar público en los últimos días obedece a razones médicas. Estuvo fuera de Bogotá en medio de un tratamiento, lo que también habría contribuido a dilatar su eventual posesión. Sin embargo, en los pasillos del poder, la percepción es otra: el silencio del presidente Petro, sumado al enfriamiento del trámite, se lee como una señal de que el nombramiento podría estar desinflándose lentamente.
Por ahora, Guerrero sigue siendo una figura suspendida en el aire: ni adentro ni afuera. Su caso es apenas uno entre varios que muestran cómo la gobernabilidad de Petro se juega no solo en el Congreso o en la plaza pública, sino también en las disputas internas por cuotas, equilibrios simbólicos y lealtades que a veces se pagan con cargos, a veces con silencios, y otras tantas, con caídas discretas.
