El desespero de los pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas explotó este fin de semana en las calles de Medellín, cuando un grupo de afectados por la falta de medicamentos en la Nueva EPS decidió tomar la Avenida Oriental para denunciar públicamente las dificultades que enfrentan en su tratamiento. La escena fue un reflejo de la frustración que ha acumulado el sistema de salud en Antioquia, donde las quejas sobre el servicio no dejan de crecer, especialmente en una entidad que, desde su intervención por el Gobierno Nacional, ha experimentado una crisis de atención que se profundiza con cada día que pasa.
Más de cincuenta personas se reunieron este sábado con pancartas y gritos de desesperación, exigiendo una solución inmediata. Muchos de ellos necesitan fármacos de alto costo, vitales para su tratamiento, y han visto cómo el desabastecimiento de estos productos pone en riesgo su salud. A la manifestación se unieron también los disturbios en las farmacias que tienen convenio con la EPS, lo que generó un caos que obligó a las autoridades locales y funcionarios de la Personería de Medellín a intervenir para calmar los ánimos y evitar un escenario aún más crítico.
El trasfondo de esta protesta es una situación de largo aliento: las promesas de mejora en la atención por parte de la Nueva EPS no se han materializado. De hecho, este episodio es solo una muestra más de las dificultades que los afiliados llevan padeciendo por meses. Desde la intervención de la entidad, hace un año, el número de quejas y demandas ha ido en aumento. A finales de abril, la Personería de Medellín reportó que en el primer trimestre de 2025, los afiliados ya habían presentado 13.719 acciones de tutela, muchas de ellas relacionadas con el acceso a medicamentos esenciales.
La situación ha alcanzado niveles alarmantes, sobre todo en el centro de Medellín, donde las farmacias de la EPS, como la ubicada en la calle Bolivia, son el epicentro de la indignación. A esta farmacia acuden decenas de pacientes diariamente, desesperados por obtener sus medicamentos, solo para encontrarse con estantes vacíos y largas esperas. El caos es palpable, y las caras de los afectados reflejan la impotencia de quienes dependen de estos tratamientos para sobrevivir.
Marleny Montoya, una de las pacientes entrevistadas por El Colombiano, describió su experiencia como «un infierno». Su madre, de 89 años, ha estado esperando medicamentos esenciales para su tratamiento cardíaco y de diabetes durante más de tres meses. Montoya mostró una receta médica que incluía furosemida, atorvastatina, bupropión, y otros medicamentos cruciales para la salud de su madre, pero ninguno de ellos ha sido entregado en la cantidad necesaria. Esta situación ha agravado aún más el estado de salud de su madre, y la angustia de Marleny aumenta cada día que pasa sin una solución.
El panorama es el mismo para miles de personas en la ciudad y en toda el área metropolitana, que se ven obligadas a recurrir a acciones legales, como las tutelas, para exigir su derecho a la salud. Según la Personería de Medellín, en lo que va del 2025, 2.241 tutelas han sido interpuestas por los afiliados de la Nueva EPS, muchas de las cuales están relacionadas con el suministro de medicamentos y la atención oportuna. Estos números reflejan un problema sistémico dentro de la EPS, que parece incapaz de responder a las necesidades básicas de los pacientes.
Para los pacientes que sufren enfermedades crónicas y, en particular, para los que padecen cáncer, la situación es aún más grave. La falta de medicamentos específicos para sus tratamientos puede implicar una condena a muerte lenta, mientras que las demoras para recibir la atención adecuada les arrebatan la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Ante este panorama, los pacientes exigen que se les garantice el acceso a los medicamentos y que no se les deje a su suerte en medio de una crisis que ya se prolonga demasiado.
El conflicto con la Nueva EPS es solo una muestra de las fallas estructurales del sistema de salud en Colombia, que parece no dar respuestas efectivas a las necesidades de los más vulnerables. Si bien las autoridades locales y las entidades del Estado deben intervenir para garantizar el cumplimiento de los derechos de los pacientes, la solución a largo plazo debe pasar por una reforma integral que no solo mejore la eficiencia de las EPS, sino que también asegure la transparencia y la calidad del servicio a los colombianos más necesitados. Mientras tanto, los pacientes seguirán luchando por el acceso a lo más básico: la medicación que les permite seguir con vida.
