En los pasillos del poder económico colombiano se cuece una decisión que podría marcar un antes y un después en la historia fiscal del país. El Gobierno de Gustavo Petro estudia activar la cláusula de escape contenida en la Ley 1473 de 2011 para suspender temporalmente la regla fiscal. Esta posibilidad, que será analizada formalmente el próximo lunes en el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), responde a una crítica situación de caja e ingresos. No es una discusión menor: el déficit fiscal proyectado para 2025 ya supera los $120 billones, el más alto que se haya registrado en las últimas décadas.
La regla fiscal, establecida para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, ha funcionado como un ancla de disciplina frente a los vaivenes de la política. Su suspensión podría generar un alivio temporal en el gasto, pero también abriría la puerta a mayores presiones inflacionarias, pérdida de confianza en los mercados y un posible deterioro en la calificación crediticia del país. Lo que para algunos es una herramienta excepcional de emergencia, para otros representa una peligrosa tentación de desorden.
Las alarmas se han encendido entre analistas, exministros y organismos multilaterales. Más allá del tecnicismo fiscal, lo que preocupa es el trasfondo político de la decisión. De concretarse, no solo se debilitaría una de las pocas herramientas de control macroeconómico con credibilidad internacional, sino que también se enviaría un mensaje de improvisación en la gestión de las finanzas públicas. La cláusula de escape, si bien legal, fue concebida para eventos extraordinarios como guerras, desastres naturales o pandemias. ¿Es la falta de ingresos del Estado una excusa suficiente para invocarla?
Fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda aseguran que la presión sobre la cartera es cada vez más intensa. En el fondo de esta coyuntura se percibe una pérdida paulatina de independencia técnica de la entidad frente al Ejecutivo. No es la primera vez que esto sucede en el actual gobierno. El economista José Antonio Ocampo, al igual que Diego Guevara, dejaron el cargo tras diferencias en torno al rumbo fiscal. Ambos se resistieron a flexibilizar el manejo responsable de las finanzas públicas, y esa resistencia les costó el puesto.
El actual ministro, Ricardo Bonilla Ávila, ha adoptado una postura más alineada con la visión presidencial. En varias intervenciones públicas ha sido enfático en señalar que su papel no es contradecir al presidente, sino ejecutar su plan de gobierno. “Yo soy el ministro de Hacienda del Gobierno del presidente Petro”, afirmó sin ambages. Esa subordinación política, sin embargo, contrasta con las recomendaciones de los técnicos, que ven con preocupación una posible ruptura del consenso fiscal construido durante más de una década.
El dilema es de fondo: ¿es legítimo relajar las reglas fiscales en nombre de una agenda social ambiciosa, aun si eso significa arriesgar la estabilidad macroeconómica? Petro ha reiterado que el país no puede seguir atrapado en un modelo que limita el gasto público en función del déficit, cuando las necesidades sociales siguen siendo abrumadoras. Pero la solución no puede ser dinamitar las bases de la estabilidad que tanto ha costado construir. El país ya ha vivido crisis económicas profundas por desmanejo fiscal; repetir la historia sería un lujo que Colombia no puede permitirse.
En medio de este panorama, la ciudadanía queda expectante y los mercados atentos. La decisión que se tome en el Confis podría tener repercusiones de largo alcance. La historia fiscal de Colombia se ha escrito con prudencia, aunque no exenta de errores. Esta vez, más que una cláusula de escape, se necesita un plan serio, transparente y concertado para enfrentar el déficit sin perder el norte. Lo contrario, como en los cuentos trágicos de la política económica, podría llevarnos a una tormenta perfecta.
