En medio del oleaje diplomático que azota la relación entre Colombia y Estados Unidos, ha surgido una versión que inquieta los círculos del poder en Bogotá: que altos funcionarios del Gobierno habrían perdido su visa para ingresar al país del norte. La noticia, que corrió como pólvora entre pasillos de prensa y redes sociales, aún no ha sido confirmada por fuentes oficiales, pero ha encendido las alarmas en la Casa de Nariño y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Es un rumor sin fundamento o el anticipo de una medida silenciosa pero contundente?
Los rumores comenzaron a circular pocas horas después de que John T. McNamara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá —y, en la práctica, embajador interino— fuera llamado a consultas por su gobierno. El gesto, de alta carga simbólica, se interpretó como un mensaje de descontento con el rumbo de la política exterior colombiana. Fue en ese contexto cuando algunos medios apuntaron a una presunta cancelación de visas, específicamente de funcionarios con pasado en movimientos armados como el M-19.
El COLOMBIANO consultó a fuentes cercanas a la Cancillería y a Presidencia, quienes aseguraron que hasta la noche del jueves 3 de julio no se había recibido comunicación oficial por parte de Washington sobre revocatorias de visado. No obstante, tampoco lo descartaron del todo. «Podría ser una noticia falsa. No hemos tenido reporte de que hayan revocado visas», dijo a este diario una alta fuente diplomática que pidió el anonimato. Y añadió que, incluso, funcionarios con contacto directo con representantes estadounidenses no han sido notificados de restricción alguna.
Tampoco hay declaraciones oficiales por parte del Departamento de Estado norteamericano que confirmen la información. Sin embargo, una declaración de Tammy Bruce, portavoz de la diplomacia estadounidense, dejó entrever el nivel de preocupación que se vive en el ala occidental de la Casa Blanca. «Estados Unidos está tomando otras medidas para dejar clara su profunda preocupación por el estado actual de nuestra relación bilateral», dijo Bruce, sin detallar cuáles serían esas “otras medidas”. Lo que sí recalcó fue que, a pesar de todo, Colombia sigue siendo “un socio estratégico esencial”.
Esta ambigüedad ha generado toda clase de conjeturas. Algunos analistas ven en la posible revocatoria de visas un modo sutil de presionar al Gobierno colombiano, sin recurrir a sanciones formales ni comunicados escandalosos. Otros consideran que se trata de una filtración interesada, diseñada para agitar las aguas internas y avivar los fuegos de la oposición. Sea como fuere, la incertidumbre permanece, y en tiempos de diplomacia tensa, el silencio también habla.
Desde el Gobierno, la respuesta ha sido de cautela. El presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, respondió al anuncio del llamado a consultas de McNamara con una postura crítica, mientras que su embajador en Washington, Daniel García-Peña, ha buscado recomponer puentes con sectores clave del Congreso estadounidense. Entre tanto, figuras del gabinete presuntamente aludidas por el rumor —algunos con pasado en la lucha armada— han evitado hacer declaraciones públicas, a la espera de una confirmación que aún no llega.
Este nuevo capítulo en la relación entre Bogotá y Washington pone en evidencia el delicado equilibrio que debe mantener la política exterior colombiana. La alianza estratégica con Estados Unidos, construida durante décadas, enfrenta ahora una prueba compleja. Si las visas han sido efectivamente revocadas, será necesario revisar no sólo los gestos diplomáticos, sino el fondo mismo de la relación. Por ahora, solo hay una certeza: el silencio oficial también es una forma de mensaje.
