En un episodio que emerge desde las capas menos visibles del Estado, Isaac Beltrán —quien hasta el 6 de noviembre trabajó como asesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)— ha puesto sobre la mesa un conjunto de hechos que, de confirmarse, podrían alterar el entendimiento sobre la forma en que opera la inteligencia financiera en Colombia. Sus declaraciones, consignadas en dos cartas enviadas a un medio radial, sacuden el tablero institucional.
Beltrán asegura que en abril de 2024 emprendió un viaje discreto a Madrid, España, siguiendo órdenes directas del presidente Gustavo Petro. Su misión: sostener un encuentro con Diego Marín, conocido en los expedientes judiciales como Papá Pitufo, figura señalada por su presunto rol en redes de contrabando. El propósito del encargo habría sido transmitir un mensaje oficial y sondear posibles nexos entre esas estructuras criminales y funcionarios de la Polfa, la Dian y actores políticos.
La cita sí ocurrió, según su relato, pero terminó en punto muerto. Marín se habría negado a cualquier tipo de colaboración alegando “falta de garantías”, una versión que coincide con información revelada por W Radio. Tras el fallido acercamiento, Beltrán afirma que informó al presidente y a la fiscal general sobre los pormenores de la visita.
La renuncia del asesor pronto se convirtió en una maraña de versiones enfrentadas. Mientras Blu Radio reportó que el funcionario se marchó inconforme con decisiones internas del Gobierno, W Radio indicó que su salida habría sido inducida por presiones de Carlos Ramón González, entonces jefe de Inteligencia Nacional y hoy fugitivo en medio del escándalo de corrupción en la UNGRD.
En sus cartas, Beltrán no se limita a narrar la misión en el exterior. También denuncia que González, junto con Augusto Rodríguez —director de la UNP— y Jorge Lemus —hoy al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia—, buscarían influir de manera indebida en la dirección de la UIAF para captar el control de la inteligencia financiera del país. Todos ellos, subraya, viejos compañeros del presidente Petro en el M-19.
A su juicio, esta supuesta operación política habría incidido tanto en la salida del director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás, como en la suya propia. Y advierte que, de consolidarse ese movimiento, la entidad podría quedar expuesta a usos adversos en un momento particularmente tenso para el país.
Las afirmaciones de Beltrán han encendido alarmas entre quienes siguen de cerca los movimientos internos en la UIAF. Para algunos observadores, la gravedad de lo narrado radica no solo en el eventual desvío del aparato de inteligencia, sino en el mensaje que deja sobre las tensiones dentro del propio Gobierno.
Fuentes consultadas por EL TIEMPO y que conocen de primera mano el trabajo técnico de la entidad aseguran que Beltrán manejó información extremadamente sensible en convenios recientes, lo que otorga un peso adicional a sus revelaciones, aun cuando estas sigan siendo materia de verificación.
Lo cierto es que el episodio deja al descubierto una pugna soterrada en una institución clave para la lucha contra el lavado de activos y la financiación criminal. Entre versiones cruzadas, silencios institucionales y cartas que apenas comienzan a ser escrutadas, el caso abre un capítulo que promete más preguntas que respuestas.
Mientras tanto, la UIAF —pieza fundamental del engranaje anticorrupción— vuelve a quedar bajo un reflector que pocas veces ilumina sin quemar.
