La seguridad de un país no es una variable negociable. Sin embargo, Colombia enfrenta un panorama preocupante ante la reducción de recursos para las Fuerzas Militares y de Policía en 2025. La disminución de fondos destinados a la defensa amenaza la operatividad de las instituciones encargadas de garantizar el orden público, especialmente en zonas de alta conflictividad como el Catatumbo, Chocó y el Bajo Cauca.
El presupuesto de seguridad para 2024 alcanzó los $52,8 billones COP, con un incremento apenas suficiente para mitigar la inflación. No obstante, el congelamiento de $279.000 millones en 2025 genera un vacío financiero que impacta directamente en las operaciones estratégicas contra los grupos armados ilegales, debilitando la capacidad de respuesta del Estado ante la criminalidad y el narcotráfico.
En regiones como el Catatumbo, donde operan el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, las cifras revelan una crisis alarmante: más de 41 homicidios de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, 48.004 desplazados y 25.011 personas confinadas sin acceso a bienes básicos. La incapacidad estatal para contener la violencia ha provocado la huida de 700 personas al día hacia Venezuela, un fenómeno que acentúa la crisis humanitaria en la región.
Pese a la escasez de recursos, la Fuerza Pública ha demostrado su capacidad operativa. Durante el último año, se han incautado 11,3 toneladas de cocaína, destruido 394 laboratorios de droga y capturado a 92 miembros de grupos armados ilegales. No obstante, estos logros corren el riesgo de verse truncados ante la falta de presupuesto para mantener aeronaves, adquirir equipamiento y garantizar la movilidad de las tropas en zonas críticas.
El desfinanciamiento también impacta a la Policía Nacional, limitando su accionar en las ciudades y el ámbito rural. La falta de equipos de protección, vehículos y recursos para labores de inteligencia reduce la capacidad de respuesta ante el auge de la delincuencia común y el crimen organizado. Esta situación ha llevado al Gobierno a declarar la conmoción interior en municipios afectados, evidenciando la fragilidad del control territorial del Estado.
Descuidar la seguridad nacional no es solo una omisión presupuestaria, sino una amenaza directa contra la estabilidad del país. Un Estado sin presencia en sus regiones más vulnerables es un Estado que pierde el control, dejando a sus ciudadanos a merced de la ilegalidad y el terror. Cada peso destinado a la seguridad es una inversión en la soberanía y el bienestar de los colombianos.
El llamado al Gobierno Nacional es claro: garantizar los recursos necesarios para la defensa y la Policía no es una opción, sino una obligación. No fortalecer a quienes protegen a la nación es una traición a la patria y un paso atrás en la lucha por la paz y el orden. La seguridad no puede ser un lujo; debe ser una prioridad inaplazable.
