El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta un escenario económico desafiante, en medio de dudas sobre la transparencia de sus cuentas fiscales. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, presentó el Plan Financiero 2025 con previsiones ajustadas a la baja: el crecimiento del PIB se estima en un 2,6% y la inflación en un 3,6%, cifras que reflejan un panorama de desaceleración económica y menor recaudación tributaria.
Uno de los principales puntos de debate radica en el cumplimiento de la regla fiscal. Aunque el ministro Guevara aseguró que el Gobierno se ha mantenido dentro de los límites establecidos, analistas cuestionan la veracidad de las cifras oficiales. Expertos en economía advierten que algunos ajustes fiscales reportados en el balance son contables y no reflejan un gasto real, lo que podría estar maquillando la verdadera magnitud del déficit.
El déficit fiscal para 2024 se sitúa en un preocupante 6,8% del PIB, más del doble del 3,2% observado en 2023. Esta diferencia se debe, en gran parte, a la caída en los ingresos del Estado, que fue de $18,5 billones menos respecto al año anterior. Ante este panorama, el Gobierno tuvo que realizar un recorte presupuestal de $28,4 billones para tratar de mantener la estabilidad financiera.
A pesar de estos ajustes, el gasto público sigue siendo una de las grandes preocupaciones del mercado. La combinación de una menor actividad económica, menores ingresos fiscales y un elevado nivel de gasto genera incertidumbre entre inversionistas y calificadoras de riesgo. La posibilidad de que el país enfrente problemas para financiar su deuda en el futuro sigue latente.
El Plan Financiero 2025 también proyecta que el dólar se mantendrá en un promedio de $4.360 y el barril de petróleo Brent, referencia clave para la economía colombiana, se ubicará en US$74,3. Estas variables serán determinantes en el desempeño económico del país, especialmente en un contexto de volatilidad global y dificultades internas en el recaudo fiscal.
El reto para el Gobierno Petro es encontrar un equilibrio entre su ambicioso programa de inversión social y la necesidad de estabilidad fiscal. Mientras el Ejecutivo defiende sus políticas económicas, los expertos insisten en que el país necesita ajustes estructurales profundos para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.
