En medio de una economía que navega por aguas turbias y un gobierno que busca sortear el déficit con fórmulas urgentes, un decreto presidencial amenaza con desestabilizar uno de los instrumentos más valorados para llevar desarrollo a las regiones más olvidadas del país: las obras por impuestos. Esta figura, que ha permitido a empresas pagar parte de su carga tributaria con proyectos de impacto social en territorios golpeados por la violencia y la pobreza, está ahora en el limbo, por cuenta de una decisión que, aunque contable, tiene implicaciones de fondo.
Todo comenzó el pasado 28 de mayo, cuando el presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, firmaron el Decreto 0572 de 2024. En apariencia técnica, la norma ajusta las tarifas de autorretención del impuesto de renta, pero su efecto es inmediato y político: obliga a las empresas a comenzar a pagar en 2025 lo que les corresponde en 2026. Es decir, se adelanta el recaudo de un año fiscal completo, sin consideración clara de cómo eso afectará los programas que dependen de esa planificación tributaria.
La medida, vendida como una herramienta para aliviar los quebrantos de caja del Ejecutivo, ha sido calificada por analistas como una apuesta riesgosa, y por muchos empresarios como una trampa de corto plazo: “pan de hoy y hambre para mañana”. Y es que ese “pan” no es gratuito. Al pedir a las empresas pagar antes, se reduce drásticamente su liquidez disponible para comprometerse con nuevas obras por impuestos, justo cuando ya se discutían los proyectos que podrían estructurarse en 2026.
En regiones como Antioquia, donde esta herramienta ha permitido construir vías, escuelas y acueductos en municipios históricamente rezagados, el impacto ya se siente. Según fuentes del sector privado consultadas por El Espectador, muchas compañías están reevaluando su participación en el mecanismo, pues el nuevo calendario fiscal no solo desajusta sus flujos de caja, sino que introduce un riesgo jurídico: ¿cómo comprometerse con una obra si los recursos ya están comprometidos con el fisco, un año antes de lo previsto?
Paradójicamente, el Gobierno ha utilizado el éxito de las obras por impuestos como bandera para mostrar que su política fiscal no está reñida con el empresariado. Bajo este esquema se han canalizado cientos de miles de millones de pesos hacia comunidades PDET (los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), un instrumento que nació con el Acuerdo de Paz y que se mantiene como una deuda pendiente con los territorios. Sin embargo, con este nuevo decreto, el mensaje parece contradictorio: mientras se pide al sector privado más compromiso con lo público, se le aprieta el margen de acción.
Voceros empresariales y expertos en tributación ya han alertado sobre los efectos que esta política puede tener, no solo sobre las obras por impuestos, sino sobre la confianza del sector privado en las reglas del juego. Un vocero de una firma del sector de infraestructura lo resume con crudeza: “Nos están pidiendo que invirtamos, pero nos quitan las herramientas para hacerlo. No se puede planear desarrollo con incertidumbre”.
Así, lo que parece una jugada técnica para taponar huecos fiscales, podría terminar erosionando un mecanismo de desarrollo que, a pesar de sus limitaciones, ha dado resultados tangibles en las zonas más necesitadas del país. Si no se revisa el alcance del Decreto 0572, el año 2026 podría marcar no solo una caída en los proyectos de inversión social, sino una nueva grieta en la ya frágil relación entre Estado y empresa privada. Una vez más, la urgencia le gana a la estrategia.
