El presidente Gustavo Petro ha declarado estado de desastre en toda Colombia debido a las intensas lluvias que han provocado una serie de emergencias en varias regiones del país. Esta medida permitirá movilizar recursos de emergencia para atender a las comunidades afectadas, con una especial prioridad en las regiones de Chocó, La Guajira y Bogotá, áreas donde la intensidad de las lluvias ha causado daños significativos. Sin embargo, la decisión, aunque oportuna, plantea desafíos logísticos y financieros ante la complejidad del clima y las necesidades urgentes de las comunidades.
La crítica no ha tardado en llegar desde algunos sectores políticos, que cuestionan la eficiencia y asignación de recursos disponibles para la emergencia. Se ha propuesto que los 3.4 billones de pesos que permanecen sin ejecutarse en el Ministerio de Igualdad sean destinados para responder a las afectaciones causadas por las lluvias. Para muchos, estos fondos podrían ser clave en la asistencia inmediata, especialmente en un contexto en el que la infraestructura y el apoyo social en ciertas zonas ya son limitados. La petición de redirigir estos recursos se plantea como una medida práctica y eficaz en medio de un panorama que requiere rapidez en la respuesta.
Antioquia es uno de los departamentos más afectados, con emergencias registradas en al menos nueve municipios, entre ellos Campamento, Guadalupe, Dabeiba y Anorí. Los estragos incluyen inundaciones, deslizamientos y bloqueos en carreteras, dificultando no solo el acceso a las comunidades, sino también la llegada de ayuda y servicios básicos. La persistente temporada de lluvias en esta región, sumada a la geografía montañosa de gran parte de los municipios, agrava la situación de miles de familias que ahora dependen de una asistencia oportuna para recuperarse de las pérdidas.
A pesar de las múltiples afectaciones, hay un impacto positivo: el nivel de los embalses ha alcanzado el 60%, un hecho que reduce, por el momento, el riesgo de apagones en el país. No obstante, aunque esta noticia puede aliviar una preocupación energética, el enfoque debe mantenerse en las áreas vulnerables donde la situación climática sigue siendo crítica. La capacidad de respuesta del gobierno será crucial para evaluar si la declaratoria de desastre logra proteger y asistir eficazmente a las comunidades más golpeadas.
