Las sedes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se convirtieron en el epicentro de una jornada de protestas que, más allá de la indignación ciudadana, deja entrever una estrategia de presión cuidadosamente orquestada. Las movilizaciones, que estallaron tras la detención de dos ciudadanas colombianas en Israel mientras participaban en una misión humanitaria hacia Gaza, no parecen haber sido simples expresiones espontáneas de solidaridad, sino el desenlace de un llamado planificado.
Todo comenzó el pasado miércoles 1 de octubre, cuando se conoció que más de 40 embarcaciones, cargadas con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, fueron interceptadas por las autoridades israelíes. Entre los detenidos, figuraban dos jóvenes colombianas: Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes viajaban como parte de una flotilla internacional compuesta por activistas sociales, ambientalistas y artistas. La noticia no tardó en generar reacciones en Colombia y en el exterior.
Horas después del anuncio, un comunicado firmado por “Global Summit Flotilla” no solo confirmó la identidad de las detenidas, sino que también activó las alarmas al convocar, de manera explícita, a protestas en contra de la Andi. “Hacemos un llamado urgente a movilizarnos masivamente hacia las sedes de la Andi”, se lee en la misiva, que acusa a esta agremiación de mantener vínculos con la misión económica de Israel y con sectores extractivos que, según ellos, legitiman las relaciones comerciales con el “estado sionista”.
El tono del comunicado dejó poco margen para la interpretación: “Si bloquean la ayuda humanitaria, bloqueamos el flujo económico”. Esta frase, que opera como una consigna, evidencia que las protestas no fueron una respuesta improvisada, sino parte de una ofensiva política y simbólica más amplia. Desde ese momento, las convocatorias se expandieron por redes sociales y grupos de activismo, ganando tracción en cuestión de horas.
En paralelo, el Gobierno colombiano expresó su preocupación por el paradero de las dos connacionales. La Cancillería denunció que se trata de un “secuestro” por parte de las autoridades israelíes y confirmó que, hasta el momento, no ha logrado establecer contacto directo con ellas. Las jóvenes permanecerían retenidas en un centro de detención en territorio israelí, lo que ha intensificado la presión diplomática y social sobre el Ejecutivo.
En Bogotá, la respuesta en las calles fue inmediata. Cientos de manifestantes se concentraron en la Calle 72, en pleno corazón financiero de la capital, donde se ubica una de las sedes principales de la Andi. Aunque la mayoría de los asistentes protestó de manera pacífica, grupos de encapuchados aprovecharon la movilización para atacar un establecimiento de la cadena Starbucks y un CAI de la Policía, elevando la tensión en la zona y desvirtuando el carácter cívico de la jornada.
Protestas similares se registraron en Medellín, Cali y otras ciudades del país. A través del Sistema de Medios Públicos (RTVC), cercano al actual gobierno, se difundieron ampliamente las manifestaciones, generando un efecto de amplificación que ha sido interpretado por algunos sectores como una estrategia mediática alineada con intereses políticos.
Mientras tanto, la Andi no ha emitido una declaración oficial sobre los hechos, aunque ha reforzado sus medidas de seguridad. En el trasfondo, se plantea una discusión incómoda pero urgente: ¿hasta qué punto las relaciones económicas internacionales pueden convertirse en blanco de protestas internas por causas geopolíticas ajenas? La tensión entre solidaridad humanitaria, activismo político y estabilidad empresarial pone al país en una encrucijada compleja.
Las próximas horas serán decisivas. Por un lado, se espera una respuesta formal del gobierno israelí sobre la situación de las detenidas. Por otro lado, el movimiento convocante de las protestas ha anunciado nuevas jornadas de movilización. Todo apunta a que este episodio no será un caso aislado, sino un capítulo más en la creciente interconexión entre las luchas globales y las dinámicas locales.
