Hace apenas un año, Medellín y buena parte del Valle de Aburrá estaban al borde de una crisis sanitaria sin precedentes. El relleno sanitario La Pradera, que recibe diariamente los residuos de más de 40 municipios de Antioquia, mostraba señales inequívocas de colapso. La celda Altaír, principal zona de disposición en ese momento, empezó a desplazarse a razón de un metro diario hacia el río Medellín, mientras las alarmas ambientales y comunitarias se multiplicaban. Hoy, tras una intervención sin pausas por parte de EPM y Emvarias, el panorama ha cambiado drásticamente: el relleno ha sido estabilizado y su operación está asegurada al menos hasta 2029.
En el centro de esa recuperación está el vaso La Piñuela, una nueva celda de disposición cuya construcción avanza para entrar en operación en el primer semestre de 2025. Esta infraestructura, que permitirá recibir residuos durante los próximos cuatro años, representa no solo una solución técnica, sino también una válvula de alivio para una región que estuvo al borde de un desastre ecológico. Su entrada en funcionamiento evitará que Medellín, Envigado, Itagüí y otros 40 municipios se vean sin un lugar donde depositar las más de 3.000 toneladas de basura que generan a diario.
El desastre se gestó en silencio durante la administración anterior. Según reveló en su momento el gerente de Emvarias, Gustavo Castaño, la falta de mantenimiento adecuado, sumada a las lluvias extremas de 2023, aceleró el deterioro de Altaír. La masa de residuos, descompensada y saturada, comenzó a deslizarse con una fuerza incontenible. La piscina de lixiviados —diseñada para contener los líquidos contaminantes— estuvo a punto de ser desbordada. De haber sucedido, el impacto sobre el río Medellín y los acuíferos aledaños habría sido incalculable.
Frente a ese escenario, EPM emprendió una de las operaciones más exigentes de su historia reciente. Más de 500 trabajadores distribuidos en turnos rotativos laboraron día y noche durante meses. Se construyeron pozos de alivio, canales de drenaje, barreras de geoembrana y se rediseñaron las rutas internas del relleno para redistribuir los residuos. Solo el traslado de desechos desde las zonas bajas hacia las partes más estables del terreno implicó una inversión de más de 16.000 millones de pesos. La prioridad era evitar una tragedia ambiental sin precedentes, aunque eso significara un uso intensivo de recursos públicos.
La estabilización de La Pradera no solo fue una apuesta técnica, también fue un acto político. La actual administración de EPM asumió los costos de las omisiones pasadas y actuó bajo presión, sabiendo que cualquier falla en el sistema pondría en jaque la salud pública de millones de personas. Hoy, con el avance del vaso La Piñuela, la ciudad respira un poco más tranquila. No obstante, lo sucedido deja una lección imborrable sobre los riesgos de la improvisación en materia ambiental.
Ahora bien, la discusión no termina con la estabilización del relleno. Medellín y su región metropolitana siguen enfrentando un desafío estructural: la gestión sostenible de sus residuos sólidos. Mientras el modelo se base en la disposición final en celdas, el sistema estará expuesto a riesgos cíclicos. La separación en la fuente, el reciclaje efectivo y la transformación energética de residuos siguen siendo tareas pendientes, largamente anunciadas y poco ejecutadas.
El caso de La Pradera es un espejo en el que pueden verse otras ciudades del país. Es un recordatorio de que los servicios públicos, por técnicos que sean, no están exentos de las consecuencias de la negligencia. También es una oportunidad: haber evitado el colapso es un logro, pero sostener esa estabilidad en el tiempo exige más que cemento, maquinaria y personal. Exige planeación, vigilancia ciudadana y decisiones que miren más allá del próximo invierno
