Las decisiones judiciales en Colombia suelen leerse con el filtro de la política. Y el caso de Álvaro Uribe Vélez no ha sido la excepción. Desde que comenzó el proceso por presunta manipulación de testigos —un caso que enfrenta al expresidente con el senador Iván Cepeda— las reacciones del espectro político han oscilado entre la celebración y la descalificación, dependiendo del lado del fallo. En el petrismo, el giro ha sido evidente: donde antes se pedía respeto por los jueces, hoy se denuncia persecución política.
Este cambio de narrativa ha quedado en evidencia con las declaraciones de figuras clave del entorno de Gustavo Petro. Voces como las de la senadora Isabel Zuleta, la exministra Carolina Corcho, el excongresista Gustavo Bolívar y la representante Esmeralda Hernández han mostrado posiciones opuestas frente a dos decisiones judiciales distintas sobre el mismo proceso. Cuando la jueza 28 penal, Carmen Helena Heredia, negó la preclusión del caso en julio, se aplaudió la independencia de la justicia. Pero ahora, tras la absolución de Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá, la institucionalidad fue puesta en duda.
La senadora Zuleta, una de las más vocales del petrismo, lo dejó claro en redes sociales. En julio escribía con convicción: “La legalidad de las interceptaciones es un acto de justicia. Lo único ilegal fue el delito que cometía Uribe y por eso debe responder”. Sin embargo, esta semana, tras conocerse el fallo absolutorio, Zuleta calificó la decisión como “política” y sugirió que el mensaje del tribunal era “que la ley es solo para los de la ruana”. Su postura pasó del respaldo absoluto a la crítica feroz, sin escalas.
No ha sido la única. El exsenador Gustavo Bolívar, cercano al presidente Petro y activo en redes, también celebró cuando la justicia “actuaba con firmeza” contra Uribe. En ese momento, habló de un país donde “por fin nadie está por encima de la ley”. Ahora, tras la sentencia favorable al exmandatario, sus publicaciones cambiaron de tono: se habla de un “sistema judicial cooptado” y de “fallos que protegen a los poderosos”. Un viraje que refleja el sesgo de quien analiza la justicia según su desenlace.
Este tipo de reacciones no son nuevas, pero sí preocupan. No solo porque contradicen discursos anteriores, sino porque socavan la credibilidad de la rama judicial. Cuando se aplaude a los jueces por una decisión, pero se les acusa de corrupción por otra, se cae en un juego peligroso que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. La justicia se vuelve rehén del relato político de turno.
Por su parte, Iván Cepeda —quien ha sostenido una larga batalla legal y política contra Uribe— ha sido más mesurado, aunque también mostró su desacuerdo con el fallo del Tribunal. Cepeda dijo respetar la decisión, pero cuestionó los fundamentos jurídicos. Una postura más coherente con el respeto a las formas legales, aunque inevitablemente marcada por el contexto político del caso.
Lo paradójico es que este tipo de contradicciones también han sido visibles en el uribismo. Años atrás, cuando la Corte Suprema llamó a Uribe a indagatoria, se desató una campaña contra los magistrados. El mismo expresidente ha acusado a los jueces de parcialidad. En ese entonces, desde el petrismo se alzaron voces exigiendo respeto por las decisiones judiciales. Hoy, los papeles se invierten.
La politización de la justicia no es nueva, pero sí cada vez más evidente. Lo preocupante no es solo el giro de opinión de uno u otro sector, sino la idea de que la justicia solo es válida cuando me favorece. El caso Uribe-Cepeda, más allá de lo jurídico, ha servido para desnudar cómo se instrumentaliza el discurso institucional según la conveniencia política. Y eso, en una democracia, siempre es una mala noticia.
