Las principales vías de Antioquia están enfrentando un deterioro preocupante debido a la falta de recursos del Gobierno Nacional. Corredores estratégicos en el Urabá antioqueño, el Oriente y el Valle de Aburrá han visto reducidas las inversiones en mantenimiento, mientras que la Gobernación del departamento libra una lucha con el Instituto Nacional de Vías (Invías) por la cesión de varias carreteras clave.
Uno de los puntos más álgidos de esta disputa es la vía Medellín-Bogotá, cuya conservación ha quedado en el limbo ante los recortes presupuestales. A esto se suman otras arterias fundamentales como la vía entre Necoclí y Arboletes, la conexión entre la glorieta de El Tablazo y el Aeropuerto José María Córdova, y la vía entre el intercambio de Primavera, en Caldas, y el peaje. Estas rutas, esenciales para la conectividad de la región, presentan un estado de abandono progresivo.
El secretario de Infraestructura de Antioquia, Luis Horacio Gallón, ha reiterado su solicitud para que estas carreteras sean entregadas a la Gobernación con el fin de gestionar recursos propios y garantizar su mantenimiento. “En Antioquia no nos sobra la plata, pero no podemos ser inferiores a los retos que tenemos”, afirmó Gallón, haciendo un llamado a la responsabilidad gubernamental ante la crisis vial que atraviesa el departamento.
Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el presidente del capítulo regional, José Fernando Villegas, ha denunciado que el contrato de mantenimiento vial, que ascendía a $84.000 millones, fue suspendido abruptamente. Esta medida ha generado preocupación en el sector de la infraestructura, ya que compromete la seguridad y la movilidad en Antioquia.
La disputa por el mantenimiento vial en Antioquia no es nueva, pero se ha intensificado en los últimos meses debido a los recortes presupuestales a nivel nacional. Desde 2024, la Gobernación ha insistido en asumir la administración de ciertas carreteras, pero la falta de respuesta concreta por parte del Gobierno Petro ha prolongado la incertidumbre.
La falta de intervención en estas vías no solo afecta la calidad del tránsito, sino que también tiene un impacto negativo en la economía regional. El deterioro de las carreteras aumenta los costos logísticos para el transporte de mercancías y limita el desarrollo del turismo en zonas clave como Urabá y el Oriente antioqueño.
Mientras las autoridades locales buscan alternativas de financiación, el llamado de diversos sectores es claro: el Gobierno Nacional debe garantizar los recursos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura vial. Sin una inversión adecuada, Antioquia podría enfrentar un rezago en su desarrollo económico y social.
El panorama sigue siendo incierto, pero lo que es evidente es que Antioquia no puede permitirse el lujo de dejar en abandono su red vial. La presión de la Gobernación y del sector privado podría ser clave para que el Gobierno Nacional replantee su estrategia y asigne los fondos necesarios para atender la crisis.
Por ahora, los conductores y transportadores siguen pagando los platos rotos de una pugna administrativa que parece no tener una pronta solución. La infraestructura vial es un pilar fundamental del desarrollo, y su descuido solo profundiza las brechas de conectividad y competitividad en el departamento.
