Aunque para muchos la crisis fiscal que atraviesa el país suena como una discusión lejana entre técnicos del Ministerio de Hacienda y analistas económicos, sus efectos ya son palpables en la cotidianidad de los hogares medellinenses. El costo de vida sube, las tasas de interés se mantienen altas y las obligaciones financieras de las familias no dan tregua. Así lo revela un reciente informe de la firma internacional Crowe Co, que advierte cómo esta coyuntura macroeconómica se está traduciendo en un deterioro progresivo del poder adquisitivo en la capital antioqueña.
La situación de caja del Gobierno Nacional es crítica. Según cifras oficiales, al pasado 8 de agosto de 2025, el Estado contaba apenas con $1,8 billones líquidos: un monto suficiente para cubrir una sola semana de salarios de los más de 1,4 millones de empleados públicos. Se trata de uno de los niveles más bajos de liquidez en la historia fiscal reciente del país, y pone en jaque no solo el cumplimiento de obligaciones nacionales, sino la estabilidad económica de las regiones que dependen en gran parte de las transferencias del gobierno central.
Esta estrechez fiscal tiene un origen claro: el déficit acumulado del país, que según Crowe Co llegó al 3,7% del PIB en el primer semestre del año. Es decir, más de $69 billones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, ni siquiera durante el primer semestre de la pandemia del 2020 —una de las crisis más profundas de la historia moderna— se alcanzó una brecha de gasto tan abultada. En ese entonces, el déficit fue del 3,1%. El problema es que ahora no hay una emergencia sanitaria, sino una situación estructural y sostenida de gasto excesivo frente a ingresos limitados.
Ese desbalance tiene efectos colaterales directos sobre la economía del ciudadano común. La inflación anual en Colombia se mantiene en 5,10%, muy por encima de la meta del Banco de la República, que es del 3%. Esto significa que el costo de productos básicos, servicios, arriendos y transporte en Medellín continúa creciendo más rápido que los ingresos de la mayoría de los trabajadores, cuyas alzas salariales no logran compensar esta escalada de precios.
A esto se suma un entorno financiero que no da señales de alivio. Las tasas de interés de consumo, hipotecarias y comerciales siguen en niveles elevados, lo cual encarece las cuotas de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, créditos de vivienda y demás compromisos financieros de las familias. La fórmula es explosiva: más gasto público, menos caja en el Estado, inflación sostenida y altos costos financieros. Todo esto termina por erosionar el bienestar económico en ciudades como Medellín, donde muchos hogares viven al límite de su capacidad de endeudamiento.
El informe de Crowe Co advierte que esta situación también está afectando a los pequeños y medianos empresarios de la ciudad. Con una demanda interna debilitada, acceso limitado a crédito y mayores cargas operativas, muchos negocios locales están enfrentando serias dificultades para sostener el empleo y continuar en funcionamiento. “Los indicadores de morosidad y cierres empresariales han aumentado silenciosamente”, señala el documento.
En este contexto, expertos advierten que el margen de maniobra del Gobierno es cada vez más estrecho. Sin un plan creíble de ajuste fiscal —ya sea vía reducción del gasto o aumento de ingresos—, y sin una reactivación fuerte de la economía productiva, el riesgo de una crisis prolongada crece. Y aunque en las noticias se hable de macroeconomía, los efectos más visibles seguirán dándose en las finanzas del ciudadano común: en su mercado, su arriendo, su crédito, y su empleo.
La pregunta de fondo es si los líderes económicos y políticos del país tienen la voluntad y la capacidad de tomar decisiones difíciles antes de que la situación se deteriore aún más. Porque mientras tanto, Medellín —como muchas otras ciudades del país— ya está pagando el precio de una crisis que, aunque parece lejana, golpea con fuerza donde más duele: el bolsillo.
