La Universidad de Antioquia, bastión del conocimiento público en el noroccidente colombiano, atraviesa una de las crisis financieras más complejas de su historia reciente. Aunque los problemas estructurales que la aquejan no se resuelven con una sola transferencia, el anuncio hecho esta semana por la Gobernación de Antioquia representa un respiro. Por medio del Decreto 2025070003758, expedido el pasado 20 de agosto, el gobierno departamental autorizó una modificación presupuestal que permitió transferir $4.697 millones a la institución universitaria, cifra que, aunque parcial, representa un alivio en medio del asfixiante déficit.
Este giro de recursos corresponde al 33 % de la reducción del déficit lograda por la universidad en lo corrido del año, según explicó el secretario de Educación de Antioquia, Mauricio Alviar. La medida, que se enmarca en un compromiso público del gobernador Andrés Julián Rendón, responde a un acuerdo sellado en septiembre de 2024: la Gobernación aportaría la tercera parte del monto que la UdeA logrará recortar por sus propios medios, como parte de un esfuerzo conjunto para salvar la sostenibilidad financiera de la institución. La universidad, por su parte, presentó un balance con políticas de austeridad, racionalización del gasto y reajustes operativos que lograron reducir el hueco fiscal en más de $14.000 millones.
Así las cosas, los casi $4.700 millones no caen del cielo, ni son un salvavidas incondicional: son una respuesta institucional a un esfuerzo demostrado. No obstante, esta no es la única acción tomada por el gobierno departamental para sostener a la universidad. En noviembre de 2024, se autorizó un crédito de tesorería por $90.000 millones, a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), con el que la universidad pudo cumplir sus obligaciones básicas en la recta final del año. Ese crédito, sin embargo, también generó voces de alerta, por la carga financiera futura que impone a una universidad que ya lucha por mantenerse a flote.
A estos montos se suma un aporte de $1.100 millones provenientes de regalías departamentales, destinados a terminar obras inconclusas en los escenarios deportivos del campus de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. En esa región, la universidad ha intentado mantener presencia a pesar de los desafíos logísticos, presupuestales y de seguridad. Los recursos permitirán culminar unas obras que, de quedar inconclusas, habrían significado no solo un detrimento patrimonial, sino un golpe a la esperanza de acceso educativo en zonas marginadas.
Además de todo esto, durante 2024, la Gobernación adelantó en tres ocasiones los pagos correspondientes a las transferencias que, por Ley 30, le debe hacer a la universidad. Esta medida, más técnica que política, fue clave para sostener la operación cotidiana: el pago de nóminas, servicios, mantenimiento y demás gastos corrientes que, por la rigidez del calendario fiscal, suelen llegar tarde. Adelantar los desembolsos permitió oxigenar temporalmente la caja universitaria y evitar un colapso operativo.
Pero, a pesar de estos esfuerzos, el problema de fondo permanece. La crisis de la Universidad de Antioquia es el reflejo de un sistema de financiación de la educación superior pública que lleva décadas desfasado. Mientras la cobertura, la demanda y las exigencias crecen, los recursos disponibles apenas si se ajustan al IPC. Las universidades públicas han sido obligadas a convertirse en gestoras financieras, en contadoras de centavos, en administradoras del mínimo necesario, cuando su papel debería ser el de pensar el país, formar a su gente y producir conocimiento.
Así que, más allá de la cifra puntual, el debate que se impone es de fondo: ¿quiere Colombia sostener a sus universidades públicas o está dispuesta a verlas marchitar por inanición? La transferencia de $4.697 millones es necesaria, sí, pero no suficiente. Es hora de que el país entero, y no solo los gobiernos locales, entiendan que la educación no puede seguir funcionando a punta de parches. Lo que está en juego no son solo balances contables, sino el futuro mismo del pensamiento crítico y libre en Colombia.
