Corte Suprema de Justicia condena a Luis Alfredo Ramos por parapolítica

El alto tribunal esclareció que el exsenador y exgobernador de Antioquia se concertó con las AUC, quienes financiaron sus campañas políticas y le brindaron votos, a cambio de que les ayudara a pasar desapercibidos de las autoridades y para que tuviera en cuenta sus peticiones en la construcción de la ley de Justicia y Paz. Además de la condena, Ramos queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo público.

Después de 10 años de ires y venires judiciales, la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, por haberse aliado con grupos paramilitares entre 2001 y 2007. La sentencia que lo condena a pagar casi ocho años de prisión (95 meses) ya fue notificada al exfuncionario. En el documento, conocido por El Espectador, la Sala Especial de Primera Instancia, con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres, detalló los pormenores de las andanzas ilegales del excongresista con los hermanos Vicente y Carlos Castaño y de la financiación que las Autodefensas Unidas de Colombia asumieron para sus campañas políticas.

Para la Corte Suprema, luego de estudiar un expediente que arrancó en febrero de 2011, es incontrovertible que el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero accedió a aliarse con varios comandantes de las AUC y terminó promocionando y perpetuando su actividad criminal. En palabras del alto tribunal, el también exsenador se asoció “con organizaciones paramilitares por varios años” y colocó la función pública al servicio de esos grupos ilegales, contribuyendo “con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia y en general de tipo estructural que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional, menoscabando el interés que el Estado busca salvaguardar”.

La Sala Especial de Primera Instancia estableció que Ramos Botero recibió dinero y apoyo político de las autodefensas, en especial del Bloque Metro y el Bloque Centauros, y, por supuesto, de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes, según el exjefe paramilitar Ernesto Báez, eran amigos del exsenador. Según la Corte, Ramos recibió esas dádivas, no solo por la conveniencia económica para sus campañas, sino porque también podían asegurarle votos. A cambio, el exfuncionario se puso a disposición de estos grupos ilegales con dos objetivos. El primero, asegurarles que iba a “interceder” por ellos para que pudieran pasar desapercibidos de la fuerza pública.

Y el segundo, que el exsenador supiera de sus intereses en la negociación de la ley de Justicia y Paz, para que así pudiera beneficiarlos en ese proyecto que terminó siendo la base para la desmovilización paramilitar en 2006. Para la Corte, fue clave establecer lo que pasó en una reunión a comienzos de 2005 en la finca Bellanita en el municipio Bello (Antioquia), a la que asistieron, entre otros, los exjefes paramilitares Ernesto Báez, Julián Bolívar, Pablo Hernán Sierra, el propio Luis Alfredo Ramos. Para el alto tribunal, en ese encuentro, organizado por los hermanos Castaño, la cúpula de las AUC le expresó a Ramos sus intenciones y peticiones respecto a la ley de Justicia y Paz, pues no estaban dispuestos a pasar ni un día de cárcel.

La idea de la reunión, se lee en la sentencia, es que Ramos “colaborara con sus gestiones en el Congreso”. Aunque él mismo confesó haber participado en ese encuentro, aclaró que lo hizo porque consideró que podía hacerlo pues era un miembro del Congreso y sus funciones incluían ese tipo de tareas. Sin embargo, para la Corte Suprema esa excusa no tuvo ningún asidero pues, para esa época, estaba prohibido que los jefes paramilitares se reunieran por fuera de la zona de concentración de las mesas de Santafé de Ralito y que eso lo debía saber un congresista como Ramos, no solo por su condición de senador, sino por su larga trayectoria en el servicio público y su educación como abogado.

La Corte Suprema recordó en el fallo el contexto en el que se dieron los encuentros entre Ramos y estos grupos ilegales. De entrada, señaló que para el 2000 ya era de conocimiento público la presencia e influencia proselitista de las autodefensas unidas del Urabá antioqueño, en especial en el área metropolitana de Medellín y Bello. La Sala Especial argumentó que, según testimonios de jefes paramilitares e informes de policía judicial, en la región hicieron presencia los bloques Metro, Cacique Nutibara, Minero, Bananeros, Héroes de Granada, Elmer Cárdenas y en algunos puntos, el Bloque Central Bolívar y el Frente Cacique Pipintá.

Estas facciones de las AUC, explicó la Corte, controlaban la vida de la zona, desde la social hasta la política, a través de bandas delincuenciales que giraban en torno a la denominada Oficina de Envigado, en cabeza de don Berna, Daniel y Rogelio, dedicados al narcotráfico, extorsión y sicariato. En concreto, el alto tribunal aseguró en su sentencia que Ramos recibió dinero del asesinado excomandante del bloque Centauros, Miguel Arroyave, del cartel de la gasolina y del bloque Metro. Según uno de los testigos que declaró ante la Corte, “los pactos fueron sellados en una reunión ocurrida a finales de 2000 en Medlelín en el centro comercial Obelisco y en la que participó alias Jota del bloque Metro”, Ramos Botero y un general de apellido Trujillo

“Para la Sala, los hechos demostrados sobre el origen y objeto de la reunión, la escogencia del procesado para asistir a la misma, dada su condición de Congresista amigo de las AUC y los señalamientos de integrantes de las autodefensas sobre apoyos previos, así como su cercanía con algunos dirigentes de la organización al margen de la ley, confluyen para estructurar la asociación para delinquir”, dice el fallo, en donde se aclara que Ramos acudió a esa reunión sin presiones por voluntad propia. Sin rodeos, la Corte aclaró que se trató de una reunión realizada “a espaldas del gobierno nacional, en horas de la noche, en un lugar no autorizado y entre los amigos y allegados de Vicente Castaño”.

Pese a que la Procuraduría y la defensa del exgobernador Ramos pidieron su absolución y le reiteraron a la Corte que en el caso había varios testigos que no podían ser tenidos en cuenta, pues había cambiado sus testimonios, el alto tribunal no opinó lo mismo. “Los testigos no faltaron a la verdad”, señala la sentencia, pues todos, incluidos personajes polémicos como el Tuso Sierra (señalado de falso testigo en el caso Uribe) o Carlos Areiza, coincidieron en lo mismo: los señalamientos contra Ramos Botero “por sus coaliciones con las organizaciones al margen de la ley, grupos de los que hicieron parte los testigos, con el fin de promocionarlas y asirse de ellas para obtener sus fines electorales”.

La Corte señala que no hay lugar a dudas sobre “los acuerdos a que llegó el acusado (Ramos) con comandantes de grupos de autodefensas, para recibir apoyo económico y en votos en las campañas que adelantó aspirando al Senado y a la Gobernación de Antioquia, a cambio de promoverlos durante el ejercicio de las funciones una vez elegido, como realmente ocurrió cuando se desempeñó como senador, hechos que tuvieron ejecución entre 2001 y 2007″. Además, el alto tribunal le reprochó a Ramos la forma en la que se alió con los paramilitares, a la luz de su trayectoria, logros profesionales y personales, actitud que calificó de soterrada, y le alegó no haber utilizado los medio que tenía para denunciar lo que estaba pasando.

La decisión de la Corte Suprema contó con el visto bueno de los magistrados Ariel Augusto Torres y Blanca Nélida Barreto, pero no con el voto de Jorge Emilio Caldas, quien se apartó de la decisión y salvó su voto. Luis Alfredo Ramos, dice la Corte, “contaba con la experiencia y preparación para comprender la ilicitud de su obrar, no obstante lo cual se determinó en la comisión de la conducta punible”. Así, su condena por parapolítica de casi 95 meses de prisión, también trae consigo la orden de pagar una multa de $7 mil millones y una sanción que acaba con cualquier aspiración política: una inhabilidad vitalicia para ser funcionario público. Ahora, el exsenador podrá apelar su decisión, recurso que revisará la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Fuente: EL espectador

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