En Medellín, el eco de los escándalos por corrupción que rodean a la administración del exalcalde Daniel Quintero retumba con más fuerza cada semana. Lo que comenzó como una serie de denuncias puntuales, ha evolucionado en un fenómeno judicial de proporciones alarmantes: ya son 35 las personas imputadas por la Fiscalía en diferentes casos que comprometen los recursos públicos de la ciudad y que perfilan lo que podría convertirse en un macroproceso sin precedentes en la historia reciente de la capital antioqueña.
La audiencia de imputación del caso Aguas Vivas, finalmente llevada a cabo tras múltiples aplazamientos, ha puesto nuevamente bajo los reflectores al exmandatario Quintero y a un grupo de colaboradores cercanos, incluyendo exfuncionarios y contratistas. Esta trama —cuyo foco es un terreno de 147.000 metros cuadrados entre El Poblado y Las Palmas— revelaría una tentativa de fraude al Estado por más de 42.000 millones de pesos, mediante maniobras jurídicas que buscaban transformar una cesión gratuita en un contrato de compraventa.
Pero Aguas Vivas no es un caso aislado. Le acompañan investigaciones sobre contratos del programa Buen Comienzo, mantenimiento de zonas verdes, el Parque de las Aguas, gestiones en el Inder Medellín, Metroplús y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En todos ellos, según la Fiscalía, hay patrones que se repiten: direccionamiento de contratos, favorecimiento a empresas vinculadas con funcionarios, irregularidades en la planeación y ejecución de recursos, y presuntos delitos como peculado, prevaricato e interés indebido en la contratación.
El número de involucrados sigue aumentando y, con él, crecen las voces que piden a los organismos de control unir todas estas causas en un proceso integral que permita dimensionar el alcance real del entramado. La comparación con el “carrusel de la contratación” de Bogotá, que sacudió a la capital del país hace más de una década, ya no suena descabellada.
Organizaciones civiles, medios de comunicación y veedurías ciudadanas insisten en que lo más preocupante no es solo el volumen de personas comprometidas, sino la aparente normalización de prácticas irregulares durante un gobierno que se presentó como renovador, pero que hoy está bajo sospecha por reproducir —y, quizás, sofisticar— las viejas lógicas de la corrupción burocrática.
Daniel Quintero, quien ha negado con vehemencia las acusaciones en su contra, ha optado por mantenerse en el discurso del “lawfare” o persecución judicial, alegando que todo se trata de una revancha política. Sin embargo, las evidencias recogidas por la Fiscalía, y sustentadas en cientos de documentos, correos y testimonios, apuntan a una estructura mucho más compleja que un simple desacuerdo entre élites.
Mientras tanto, Medellín asiste con desconcierto a este desfile de imputaciones que manchan la imagen de una administración que prometió transformación y transparencia. En el plano político, las repercusiones ya se sienten: la opinión pública se divide entre quienes exigen justicia y quienes aún defienden a Quintero como víctima de un aparato institucional que nunca aceptó su estilo.
Lo cierto es que el caso no ha tocado techo. Las investigaciones avanzan, nuevos nombres podrían salir a la luz, y la ciudad, que aún carga las secuelas de decisiones administrativas cuestionadas, mira hacia adelante con la esperanza de que esta vez sí se imponga la verdad, y con ella, la justicia.
