Esta semana, Colombia vivirá dos grandes jornadas de movilización ciudadana con tintes políticos opuestos. El jueves 19 de septiembre se ha convocado una marcha en respaldo al presidente Gustavo Petro, mientras que el sábado 21 de septiembre la oposición liderará otra protesta en rechazo a su gobierno y las reformas impulsadas por el ejecutivo.
Frente a la marcha a su favor, el presidente Petro ha sido claro en su postura de respeto a la protesta ciudadana, ordenando a la fuerza pública que las armas del Estado no pueden ser accionadas en manifestaciones legítimas. “Se debe tener especial consideración con los manifestantes”, afirmó Petro, reiterando su compromiso con el derecho a la protesta pacífica.
En sintonía con esta directriz, la fiscal Luz Adriana Camargo emitió una nueva directiva que modifica el tratamiento legal de las protestas. Bajo las normativas previas, cualquier acto violento en una manifestación era considerado una transgresión penal significativa. Sin embargo, la nueva orientación establece que solo los actos que excedan el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales serán investigados y judicializados. Camargo explicó que “las situaciones de alteración del orden público pueden llevar a actos delictivos que responden a ánimos exacerbados, y no necesariamente a una determinación criminal”.
Rumores y tensión por la posible toma del Capitolio
A medida que se acercan las fechas de las marchas, en redes sociales han comenzado a circular informes preocupantes sobre posibles intentos de desestabilización. Según dichos informes, la participación de brigadas indígenas en la marcha del jueves podría derivar en una toma violenta del Capitolio Nacional, con el objetivo de someter a un juicio político a los parlamentarios que se oponen a las reformas del gobierno Petro. Las especulaciones han generado inquietud en distintos sectores políticos.
Ante estas denuncias, las autoridades deberán monitorear de cerca el desarrollo de las protestas para garantizar el orden público y evitar que la tensión política se convierta en violencia. La marcha del sábado, organizada por la oposición, también será un termómetro clave para medir el descontento de una parte de la ciudadanía que rechaza las reformas del presidente Petro y sus recientes decisiones políticas.
