Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el proyecto Hidroituango han desatado una ola de reacciones tanto en Antioquia como a nivel nacional. El mandatario expresó su postura crítica frente a la obra, señalando que nunca debió construirse debido a su ubicación en una zona de alto riesgo geológico. Petro sugirió que hubiera sido preferible optar por una alianza entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) y las comunidades indígenas de La Guajira para desarrollar proyectos de energía eólica, los cuales, según él, habrían logrado los mismos resultados energéticos.
“El gobernador de Antioquia me va a regañar, pero Hidroituango está en riesgo”, afirmó Petro, insistiendo en que la central hidroeléctrica podría enfrentar serios problemas debido a su ubicación.
Las palabras del presidente han generado preocupación entre las comunidades ubicadas río abajo del proyecto, quienes temen por su seguridad ante la posibilidad de un riesgo real en la infraestructura. Sin embargo, surgen interrogantes sobre la responsabilidad del propio mandatario. Como presidente de Colombia, Petro tiene el deber de actuar de manera inmediata si considera que existen riesgos latentes que pongan en peligro a la población o el suministro energético del país.
Diversos sectores han cuestionado por qué, en lugar de advertir sobre un posible problema, el jefe de Estado no ha tomado medidas concretas para mitigar cualquier peligro o garantizar la estabilidad de la obra. “Si el riesgo es tan inminente, la responsabilidad recae en el gobierno nacional para actuar con prontitud y evitar sembrar pánico innecesario entre las comunidades cercanas a Hidroituango”, señalaron críticos. El debate en torno a la seguridad de Hidroituango y su viabilidad sigue abierto, mientras las autoridades locales y nacionales analizan el impacto de las declaraciones presidenciales en una obra clave para el futuro energético de
