En un fallo breve pero contundente, el Consejo de Estado inadmitió la singular demanda de pérdida de investidura que buscaba expulsar del Congreso al senador Miguel Uribe Turbay. La acción judicial, promovida por un integrante de dos sindicatos del Ministerio de Defensa, pretendía que el alto tribunal decretara la llamada «muerte política» del congresista, bajo el argumento de haber instrumentalizado su cargo para adelantar una nueva aspiración electoral. El despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, presidente de la corporación, se negó siquiera a estudiar el fondo de la demanda.
El demandante sostenía que Uribe Turbay había excedido los límites de su investidura al participar en actos públicos, pronunciar discursos y difundir mensajes proselitistas en redes sociales, todo esto con el fin —según sus palabras— de proyectar una candidatura distinta a la que ostenta como senador. Más aún, el escrito ligaba estos hechos con el atentado del que fue víctima el congresista, como una suerte de consecuencia indirecta de su presunto comportamiento irregular.
Sin embargo, la respuesta del Consejo de Estado fue seca y sin titubeos. “Inadmitir la solicitud de pérdida de investidura”, se lee en la escueta notificación publicada en la página oficial del alto tribunal. Con ello, se frenó en seco una ofensiva jurídica que, más allá de lo legal, había suscitado inquietud por sus posibles motivaciones políticas y sindicales.
La controversia se agudizó al conocerse que la base de la demanda era la presencia de Uribe en un evento público, precisamente el mismo donde se registró el atentado. Para muchos, la imputación resultaba insólita: se pretendía usar un episodio de violencia política como sustento legal para despojarlo de su curul. Desde diversos sectores se alzaron voces críticas, señalando que la acción rayaba en lo absurdo y que, de ser admitida, sentaría un peligroso precedente.
Además, la demanda señalaba que el senador venía adelantando actos anticipados de campaña, en un período no habilitado por el calendario electoral emitido por la Registraduría Nacional. Afirmaciones que, si bien podrían dar lugar a otros tipos de reproches, no bastaron para configurar una causal de pérdida de investidura, que en Colombia exige pruebas contundentes de violaciones graves a la ley o a la ética pública.
Miguel Uribe, elegido para el periodo 2022–2026, ha sido un personaje controversial en el panorama político nacional, tanto por su herencia familiar como por su estilo frontal. La inadmisión de esta demanda lo fortalece políticamente y le permite seguir con su actividad legislativa sin el lastre de un proceso jurídico que, de prosperar, habría significado su salida forzada del Congreso.
Así las cosas, el Consejo de Estado envía un mensaje claro sobre los límites del uso del derecho para dirimir disputas de tinte político. Si bien la vigilancia ciudadana y sindical sobre los funcionarios públicos es legítima y necesaria, también lo es la protección del debido proceso y la integridad de las instituciones frente a demandas que, como esta, rozan los linderos de la temeridad.
