En el corazón administrativo de Medellín, una cifra estremece a la opinión pública: 41 imputaciones formales relacionadas con la gestión del exalcalde Daniel Quintero (2020-2023). No es un titular sensacionalista ni una acusación ligera: son procesos activos, con nombres y documentos, que dibujan una sombra densa sobre uno de los gobiernos locales más polémicos de la última década. El secretario General de la actual administración, Sebastián Gómez, rompió el silencio institucional para detallar el alcance de estas investigaciones, en diálogo con El Colombiano, medio que ha seguido el caso con ojo crítico y persistente.
La cifra, que por sí sola resulta escandalosa, nace de apenas siete de los cerca de 25 procesos relevantes que hoy cursan ante la Fiscalía General de la Nación y otras entidades de control. Entre ellos se destacan tres: el escándalo de Buen Comienzo, el cuestionado contrato entre el Inder y Metroparques, y el turbio negociado de Aguas Vivas, este último con un presunto desfalco superior a los $40.000 millones. La mayoría de estos procesos solo empezó a avanzar judicialmente tras la llegada del nuevo alcalde, Federico Gutiérrez, quien, con su equipo, ha puesto el foco en consolidar y presentar formalmente las denuncias ante las autoridades competentes.
“No se trata solo de una lucha ética”, afirma Gómez. “Esta es una tarea que hemos asumido gracias al impulso de veedurías ciudadanas, medios de comunicación valientes y funcionarios públicos que no se dejaron doblegar”. Bajo esa consigna, la Secretaría General ha articulado lo que describe como un esfuerzo de “sistematización jurídica”, reuniendo pruebas, documentando anomalías y aportando sustento técnico a denuncias que, en su momento, fueron tratadas con displicencia o simple escepticismo.
Los avances más concretos se han dado en el caso de Buen Comienzo, programa bandera de la primera infancia en Medellín, donde la Procuraduría confirmó la inhabilidad por ocho años de la exsecretaria de Educación, Marta Alexandra Agudelo. A esta sanción se suma el escrito de acusación formal presentado por la Fiscalía contra Agudelo, la exdirectora de Buen Comienzo, Lina María Gil, y el exgerente de Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez. Las imputaciones incluyen delitos de alto calibre: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía, que durante meses ha trabajado en silencio, reveló ahora un conjunto sólido de pruebas: documentos, testimonios y hasta interceptaciones telefónicas. Para los investigadores, no se trata de errores administrativos ni de fallas aisladas: hay un patrón sistemático de contratación opaca, favorecimientos indebidos y uso irregular de recursos públicos. Todo esto en programas sociales diseñados para atender a los más vulnerables, lo que le suma gravedad ética al escándalo.
Si bien la justicia avanza con su propio ritmo, el impacto político es innegable. La herencia del cuatrienio Quintero comienza a deshacerse en los estrados, más por los efectos de la legalidad que por las disputas mediáticas que marcaron su mandato. En los círculos de poder local, muchos se preguntan cuántas imputaciones más traerá la marea judicial, y si estas derivarán, eventualmente, en condenas ejemplares. Medellín, una ciudad con memoria política aguda, parece estar entrando en un nuevo ciclo de rendición de cuentas.
La pregunta, lanzada al aire por Sebastián Gómez, no es retórica: “¿Conoce usted alguna administración que tenga a 41 imputados?”. En ese eco, Medellín no solo examina su pasado inmediato, sino que se enfrenta a un dilema mayor: cómo blindar sus instituciones frente a la corrupción sistémica, sin caer en el olvido ni en la impunidad
