Colombia respira con dificultad. Un informe revelado por Promigas lanza una alerta severa: las reservas probadas de gas natural se han desplomado un 64% en los últimos doce años. Lo que antes alcanzaba para sostener una década de consumo hoy apenas bordea los 5,9 años. La cifra es más que una estadística: es la antesala de una transformación forzosa del modelo energético del país, que ya este año —2024— inicia la importación permanente de gas para usos más allá de la generación térmica.
El “Informe del sector gas natural 2025”, que presenta Promigás, pone en blanco y negro una realidad que se había anticipado en círculos técnicos, pero que empieza a impactar directamente el debate político y económico nacional. Colombia, que en el pasado fue autosuficiente en gas y un exportador ocasional, se convierte en un importador crónico. Y todo esto sucede mientras el país aún no resuelve su relación entre desarrollo energético y transición climática.
Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, no esconde la gravedad del panorama. Aunque se han identificado importantes recursos gasíferos, especialmente en el Caribe profundo, existen múltiples barreras que impiden convertir esos descubrimientos en reservas explotables. Obstáculos técnicos, conflictos sociales en territorios estratégicos, incertidumbre jurídica y falta de coordinación institucional frenan lo que podría ser una nueva oportunidad para evitar la dependencia energética del exterior.
Uno de los llamados más claros del informe es hacia la necesidad de decisiones firmes y una mirada de largo aliento. “Se requiere una visión de largo plazo, decisiones oportunas y coordinación efectiva entre autoridades nacionales y locales, el sector privado y las comunidades”, enfatizó Rojas. No es una advertencia menor: sin esa articulación, Colombia seguirá importando gas en un mercado internacional volátil, en dólares y con costos sociales invisibles.
Las cifras hablan con crudeza: las reservas probadas de gas para el año 2024 se ubican en apenas 2.064 gigapies cúbicos (gpc), lo que refleja una caída constante y preocupante desde hace más de una década. La tendencia, de no revertirse con nuevas incorporaciones o políticas agresivas de exploración, pone en entredicho no sólo el suministro energético, sino también la estabilidad tarifaria para millones de hogares y empresas.
La paradoja es doble: mientras los gobiernos hablan de transición energética y se enfrentan a las presiones globales para descarbonizar la economía, el país aún depende de una matriz fósil sin garantías de abastecimiento. En medio de ese limbo, la ciudadanía queda atrapada entre tarifas que suben, servicios que se precarizan y promesas que no se cumplen. El gas, que alguna vez fue símbolo de modernización, ahora se convierte en otro frente de crisis.
Más que un problema técnico, la escasez de gas es un síntoma de una enfermedad política más profunda: la dificultad estructural del Estado colombiano para anticiparse a los ciclos, tomar decisiones impopulares a tiempo y construir consensos de largo plazo. Si el país no respira a tiempo, si no planea con cabeza fría y ejecuta con manos firmes, pronto no será solo el gas el que falte, sino la energía mínima para sostener el rumbo nacional.
