Con una cifra que no pasa desapercibida ni en los pasillos del Congreso ni en los cuarteles militares, el Gobierno colombiano confirmó la compra de 16 aviones de combate Gripen de última generación a la firma sueca Saab. Se trata de una operación cercana a los 1.900 millones de dólares, cifra que fue revelada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, tras una extensa reunión en la Casa de Nariño en la que también se discutieron temas de seguridad presidencial. La adquisición no sólo marca un hito en la historia militar reciente del país, sino que también abre un debate sobre gasto público, defensa y soberanía tecnológica.
El presidente Gustavo Petro ya había anticipado su inclinación hacia la oferta sueca, pero fue apenas esta semana cuando se confirmó oficialmente la elección. Y no fue una simple cuestión de gusto: Suecia no solo ofreció los precios más bajos por unidad (entre 110 y 120 millones de dólares), sino que además planteó un esquema de financiamiento que Colombia no podía ignorar. El Gobierno de Estocolmo ofreció un crédito del 100 %, a largo plazo y con ocho años de gracia, lo que significa que el país no tendrá que comenzar a pagar sino hasta bien entrada la próxima década.
En contraste, las ofertas de los Rafale franceses y los F-16 estadounidenses, aunque tecnológicamente robustas, se veían opacadas por el alto costo y los plazos más extensos. Francia pedía entre 200 y 240 millones de dólares por avión y Estados Unidos entre 170 y 190. La diferencia global era contundente: 3.700 millones de dólares por los Rafale, 3.000 millones por los F-16, frente a los 1.900 millones de Saab. El mensaje del Ejecutivo fue claro: era un negocio “de razón financiera, no ideológica”.
A esto se suma un argumento estratégico que parece haber pesado en la balanza: el tiempo. Mientras que las entregas de los aviones franceses y norteamericanos tomarían hasta 60 meses, los suecos prometen tener el escuadrón completo en 24 meses. Para una Fuerza Aérea que hoy opera con aviones Kfir envejecidos, cuya operatividad está en entredicho, el factor tiempo no es menor. El país, dicen los expertos, no puede permitirse quedar sin capacidad aérea de combate.
Sin embargo, la decisión no está exenta de polémica. Sectores políticos han criticado el gasto en un momento de apretón fiscal y de reformas sociales aún sin financiación plena. Petro, por su parte, ha defendido la compra como una inversión estratégica en defensa nacional, que además permitirá al país entrar en una nueva etapa de cooperación tecnológica. Saab ha ofrecido programas de transferencia de tecnología y entrenamiento de pilotos colombianos en suelo europeo, lo cual también ha sido decisivo.
Pero quizás el aspecto más simbólico del acuerdo radica en el tipo de diplomacia que representa. No es menor que en tiempos de tensiones geopolíticas globales, Colombia mire hacia Europa del Norte, y no hacia Washington o París, para renovar su capacidad aérea. La elección de Suecia —país con una tradición de neutralidad, innovación y diplomacia técnica— puede leerse como una redefinición silenciosa del mapa de relaciones estratégicas del Gobierno Petro.
Así, el país se embarca en una de las operaciones más ambiciosas de su historia reciente en materia de defensa. Resta ver cómo se implementa el contrato, cómo se gestiona la deuda y, sobre todo, cómo se articula esta inversión con las prioridades sociales del Ejecutivo. Por ahora, los Gripen surcan el imaginario nacional como símbolo de una apuesta de alto vuelo, con el sello de Suecia y la firma del Estado colombiano.
