Colombia está a las puertas de una encrucijada energética que no admite demora ni improvisación. En los próximos diez años, el país deberá invertir al menos $40 billones para mantener encendidas las luces de sus ciudades, los motores de su economía y la esperanza de una transición energética justa y sostenible. De ese total, $18 billones deberán destinarse a generación, $12 billones a transmisión y $10 billones a distribución. El desafío no es solo técnico: es profundamente político, financiero y regulatorio. La pregunta que flota en el ambiente es tan sencilla como alarmante: ¿de dónde saldrá la plata?
El recuerdo del apagón de los años noventa aún se pasea por la memoria colectiva, como un espectro que vuelve cuando menos se le espera. En aquel entonces, la falta de planificación, sumada a un fenómeno de El Niño severo, dejó al país en tinieblas durante meses. Hoy, aunque las condiciones son distintas, el riesgo es igual de tangible. Las cifras del operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), XM, lo dejan claro: la nueva generación eléctrica que ha ingresado al sistema en los últimos años está muy por debajo de lo planeado. En lo que va de 2025, apenas se ha incorporado el 1,4% de lo proyectado.
Detrás de esta cifra se esconde un cuello de botella estructural: proyectos que no logran materializarse a tiempo debido a trámites ambientales engorrosos, conflictos sociales sin resolución y un marco regulatorio que no siempre ofrece certezas. A esto se suman tasas de interés elevadas que desincentivan la financiación de obras de largo aliento. En un sector donde los retornos de inversión se miden en décadas, cualquier señal de inestabilidad pesa más que un megavatio.
La alerta de XM no cayó en saco roto. El Consejo Nacional de Operación recibió un informe que advierte sobre una creciente insuficiencia en la oferta de energía firme, es decir, aquella que puede garantizarse incluso en condiciones climáticas adversas. Si no se toman decisiones prontas, el país podría enfrentar cortes eléctricos en el mediano plazo. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) ya prevé un déficit del 4% en 2028 y del 6% en 2030, lo que obligaría a importar energía o aplicar medidas de racionamiento.
Pero el problema no radica solo en cuánto se invierte, sino en cómo se asegura que esos recursos lleguen. En Colombia, la inversión en el sector energético proviene principalmente de actores privados y públicos que apuestan por proyectos de generación, transmisión y distribución. Sin embargo, el país necesita con urgencia una política que combine incentivos financieros, agilidad institucional y una regulación robusta que reduzca la incertidumbre. Sin este triángulo virtuoso, los $40 billones requeridos seguirán siendo una cifra en el papel.
El dilema es doble: por un lado, está la urgencia de aumentar la capacidad instalada para responder al crecimiento de la demanda, que se acelera con la electrificación del transporte, el auge de la industria digital y el crecimiento urbano. Por el otro, está el imperativo de avanzar hacia fuentes renovables, con todos los retos logísticos, ambientales y sociales que eso implica. La transición energética no puede ser un eslogan, sino una hoja de ruta con presupuesto, cronograma y gobernanza.
El reloj ya comenzó a correr. Si Colombia no asegura hoy las inversiones necesarias, mañana podría pagar el precio en forma de apagones, desaceleración económica y pérdida de competitividad. El fantasma del pasado no se espanta con discursos, sino con decisiones. Y esas decisiones —como la energía— deben ser firmes, sostenibles y continuas.
