Colombia acaba de evitar una condena millonaria que habría tenido un impacto considerable sobre sus finanzas públicas. El Consejo de Estado falló a favor del país en la demanda presentada por Cromas S.A., que exigía una indemnización de 108.000 millones de pesos tras la liquidación de Interbolsa, uno de los casos financieros más polémicos de la última década. La decisión judicial marca un hito en la historia reciente del país, ya que el Estado se salvó de asumir una carga económica que podría haber afectado gravemente el patrimonio público.
El conflicto tiene sus raíces en el colapso de Interbolsa S.A., una firma de corretaje que, en 2012, atravesó una crisis financiera que desató una serie de investigaciones y controversias. En ese año, la Superintendencia Financiera de Colombia intervino para liquidar la entidad, tras detectar serias irregularidades en sus operaciones. La quiebra de Interbolsa fue uno de los episodios más oscuros en el sector financiero colombiano, y su impacto resonó en diversas instituciones y empresas vinculadas con la firma.
Uno de esos actores fue Cromas S.A., que, en medio de la crisis, presentó una reclamación contra el liquidador de Interbolsa, asegurando que había sufrido una pérdida significativa debido a la no recompra de acciones de Odinsa S.A., que estaban involucradas en operaciones repo. Este tipo de transacción, una venta de activos con la promesa de recomprarlos en una fecha futura, fue el centro de la disputa. Cromas argumentó que el Estado, a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), debía supervisar y evitar la pérdida de estos activos.
Sin embargo, el Consejo de Estado desestimó las reclamaciones de Cromas y falló a favor del Estado. El tribunal determinó que Fogafín, como entidad encargada de garantizar la estabilidad del sistema financiero, tenía un rol limitado en el proceso de liquidación de Interbolsa. Según la decisión, Fogafín solo tenía la responsabilidad de seguir el proceso y no de intervenir directamente en las decisiones operativas del liquidador. Esta interpretación legal dejó claro que el Estado no tenía obligación de indemnizar a Cromas por los activos perdidos en el colapso de la firma.
La demanda presentada por Cromas S.A. en 2015 fue una de las más grandes de su tipo en la historia reciente del país. La empresa solicitaba una indemnización total de 108.060 millones de pesos, desglosados en una compensación por daño emergente de 55.000 millones, lucro cesante por 8.000 millones, y un monto simbólico por perjuicios morales. La millonaria cifra generó un gran debate sobre la responsabilidad del Estado en los procesos de liquidación financiera y la protección de los inversionistas.
Este fallo del Consejo de Estado, al exonerar al Estado de pagar la demanda, ha sido recibido como un triunfo legal para el gobierno y una lección sobre la importancia de las decisiones judiciales en el ámbito económico. No obstante, también deja en evidencia las tensiones entre la función de las entidades regulatorias y la protección de los derechos de los inversionistas en situaciones de crisis. Aunque el Estado salió ileso en esta ocasión, el caso de Interbolsa ha dejado una huella profunda en el sistema financiero del país.
El origen del caso Interbolsa y las complicaciones legales que surgieron en torno a él destacan las vulnerabilidades del mercado colombiano frente a prácticas irregulares en el sector financiero. La liquidación de una entidad tan importante como Interbolsa dejó un vacío de confianza que todavía perdura en el imaginario colectivo de los inversionistas y el público en general. Las lecciones de este caso deberán ser consideradas por las autoridades para mejorar los mecanismos de supervisión y prevenir futuras crisis que puedan afectar a los actores económicos más vulnerables.
Este fallo también plantea preguntas sobre el futuro de las entidades encargadas de garantizar la estabilidad financiera del país. Si bien Fogafín fue exonerado, la decisión podría tener repercusiones en la forma en que se gestionan los procesos de liquidación de otras entidades financieras en dificultades. ¿Está el sistema financiero colombiano lo suficientemente preparado para enfrentar futuras crisis sin afectar a los contribuyentes? El caso Interbolsa dejó muchas interrogantes abiertas que deberán ser abordadas por las autoridades en el futuro.
