Durante una hora y 47 minutos, el cielo sobre el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, se convirtió en un territorio vedado para los vuelos comerciales. Todo comenzó a las 7:23 de la noche del martes, cuando se reportó la presencia de un dron sobrevolando las inmediaciones del terminal aéreo. La alarma se encendió de inmediato, y con ella vino la decisión que afectaría a decenas de viajeros: suspender toda operación aérea, tanto despegues como aterrizajes, hasta nuevo aviso.
Airplan, la concesionaria encargada de operar el aeropuerto, fue quien primero dio la voz de alerta a través de sus canales oficiales. “El aeropuerto continúa con restricción para los despegues y aterrizajes debido al reporte de una señal de aeronave no tripulada alrededor del terminal aéreo, la cual no ha sido identificada”, comunicaron. Era una medida que no admitía discusión: ante la duda, la seguridad aérea debía primar, incluso si eso significaba frenar el ritmo de uno de los terminales más importantes del país.
La amenaza de un dron en las inmediaciones aeroportuarias no es un juego. Aunque pequeño y aparentemente inofensivo, un artefacto de este tipo puede representar un riesgo mayúsculo para una aeronave en maniobras de despegue o aterrizaje. La legislación internacional es clara: no se permite su operación en zonas restringidas, mucho menos cerca de terminales aéreas. Por ello, la Fuerza Aeroespacial Colombiana fue convocada con urgencia para localizar al intruso aéreo y liberar el espacio comprometido.
El trabajo de las autoridades, meticuloso y coordinado, dio fruto cerca de las 9:10 de la noche, cuando finalmente Airplan anunció la reanudación de las operaciones. La amenaza había sido neutralizada, y con ello se restablece el flujo de aeronaves, no sin antes dejar un balance que hablaba por sí solo: ocho vuelos de salida afectados (seis demorados y dos cancelados), y otros 26 vuelos entrantes con consecuencias diversas —dieciséis con demoras, dos cancelados y ocho más desviados a otros aeropuertos—.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa un problema creciente: la proliferación descontrolada de drones y la falta de conciencia sobre su uso adecuado. Aunque muchas veces se emplean para actividades recreativas o de captura de imágenes, su operación cerca de zonas restringidas puede terminar en sanciones e incluso en tragedias. El caso de Rionegro es apenas una muestra del peligro latente que suponen cuando se violan las normas.
En un país que ya ha vivido el peso de tragedias aéreas, la alerta en Rionegro no puede tomarse a la ligera. La suspensión preventiva, aunque incómoda para cientos de pasajeros, fue la respuesta responsable ante un evento que, de no haber sido atendido con prontitud, pudo derivar en consecuencias lamentables. La labor conjunta entre la concesión del aeropuerto y la Fuerza Aeroespacial evitó un desenlace peor.
Más allá del incidente puntual, el llamado es a la regulación más estricta y a la educación del ciudadano común que hoy tiene acceso a un dron. El cielo, por ahora, volvió a abrirse en Rionegro, pero la advertencia queda en el aire: volar un dron no es un juego, y menos cuando las vidas en tierra y en el aire están en juego.
