Desde el 14 de mayo de 2025, el celular del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha estado bajo interceptación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Según consta en documentos judiciales, durante al menos 71 días fueron escuchadas las conversaciones privadas del mandatario y de al menos otras diez personas de su entorno, incluidos miembros actuales del gabinete departamental, exfuncionarios de la alcaldía de Rionegro y excontratistas. Todo esto dentro de un proceso que, aunque nació de una denuncia ciudadana, ha despertado suspicacias políticas y jurídicamente ha estado plagado de inconsistencias.
El caso gira en torno a la construcción de dos CAI (Comandos de Atención Inmediata) en Rionegro, un proyecto ejecutado cuando Rendón era alcalde del municipio. La denuncia fue presentada inicialmente por una veeduría ciudadana, pero sectores políticos apuntan a que detrás de la movida estaría el exgobernador Luis Pérez, viejo rival político de Rendón y conocido por usar los estrados como extensión de su estrategia electoral. El expediente, que llevaba meses en pausa, volvió a cobrar fuerza justo tras la llegada de Luz Adriana Camargo a la cabeza del ente acusador.
El 23 de julio, la fiscal Diana Yolima Niño Avendaño, cuarta delegada ante la Corte Suprema, presentó ante un juez la solicitud para legalizar las interceptaciones telefónicas. Para entonces, el seguimiento ya llevaba más de dos meses. Lo que ha desatado controversia no es solo la interceptación en sí, sino la forma en que la Fiscalía ha tratado el caso públicamente. En el auto judicial, Rendón fue calificado como «condenado», a pesar de no tener sentencia alguna en su contra. Y peor aún: la propia fiscal general lo señaló públicamente como «imputado», aunque el proceso apenas está en etapa de indagación preliminar.
Estas declaraciones ocurrieron durante una rueda de prensa en Medellín, el pasado 24 de junio. Allí, Camargo, al ser consultada por el caso de Rendón, respondió: “Ya se formuló imputación… no es persecución, es parte de la actividad que desarrollamos ordinariamente”. Sin embargo, ni en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) ni en los expedientes de la Corte Suprema figura una imputación formal. Esa afirmación desató una oleada de críticas y motivó una recusación en su contra, proceso que, hasta hoy, sigue sin resolverse.
Más allá del escándalo mediático y judicial, hay un trasfondo político que no puede ignorarse. Rendón asumió la gobernación de Antioquia tras una reñida contienda contra Pérez, quien ha tenido en su historial varias disputas con órganos de control. El momento en que se activa el caso, sumado al uso de interceptaciones y las declaraciones de la fiscal general, ha despertado sospechas de que el aparato judicial pueda estar siendo instrumentalizado con fines distintos a los estrictamente legales.
La defensa de Rendón ha calificado la situación como una “persecución política disfrazada de legalidad”. Cuestionan no solo la interceptación sin comunicación previa al alto tribunal —como corresponde dada su investidura—, sino también el uso de figuras jurídicas de forma imprecisa y potencialmente lesiva para su imagen pública. Por su parte, la Fiscalía no ha emitido corrección ni ha rectificado públicamente los errores cometidos en sus pronunciamientos y autos.
Este episodio se suma a una larga lista de controversias sobre el uso de las interceptaciones y la filtración de procesos judiciales a los medios en Colombia. Pero lo que ocurre con el gobernador de Antioquia pone sobre la mesa una pregunta urgente: ¿estamos ante una investigación legítima o frente a una guerra jurídica con tintes de vendetta política? La justicia tendrá la última palabra, pero el silencio institucional frente a los errores ya cometidos no ayuda a disipar las dudas.
