En una jugada que evidencia la tensión institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, le recordó al presidente Gustavo Petro que el Congreso ya le cerró la puerta a su consulta popular. La misiva, enviada desde la presidencia del Senado, desmintió la tesis del Gobierno que intentaba justificar la expedición de un decreto para convocar nuevamente el mecanismo de participación ciudadana, pese a haber sido rechazado formalmente en el Capitolio.
La iniciativa del Gobierno, presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, planteaba que la consulta popular —instrumento clave dentro de la estrategia política de Petro— no habría sido votada correctamente por el Senado, y por tanto, se podría considerar “no tramitada” conforme a la ley. Bajo esa interpretación, se abría la puerta para que el Ejecutivo avanzará por decreto, sorteando el resultado adverso de la votación.
Cepeda, sin embargo, fue tajante. En su respuesta, dejó constancia de que el 14 de mayo de 2025, el Senado de la República, reunido en sesión plenaria, votó de manera nominal la solicitud de concepto favorable para la consulta. El resultado fue claro: 49 votos por el NO frente a 47 por el SÍ. La votación fue certificada por el secretario general del Senado, echando por tierra cualquier argumento sobre supuestos vicios de trámite.
Más allá de la formalidad jurídica, lo que está en juego es el equilibrio de poderes. La carta de Cepeda no solo aclara una votación, sino que representa un acto de contención frente a lo que algunos sectores perciben como un intento del Gobierno de avanzar a través de atajos institucionales. La figura del decreto, en este caso, podría representar una erosión de las competencias del Congreso en la aprobación de consultas populares.
El presidente Petro ha insistido en que la consulta busca “democratizar las reformas” que el Legislativo le ha bloqueado. No obstante, el revés en el Senado y la respuesta institucional del Congreso marcan un límite: no hay consulta popular sin el aval explícito de la corporación que representa la soberanía legislativa. Y en este caso, esa soberanía habló, y lo hizo con mayoría suficiente para negar la solicitud.
El episodio revive viejas tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, tensiones que han caracterizado gran parte del mandato de Petro. La negativa del Senado no solo se lee como una derrota momentánea del Gobierno, sino como una advertencia: la institucionalidad democrática colombiana no está dispuesta a ser sorteada mediante interpretaciones jurídicas oportunistas.
Por ahora, el pulso entre el Congreso y la Casa de Nariño continúa. Lo cierto es que la consulta, al menos en la vía del decreto, queda en un limbo legal y político. La respuesta de Cepeda reafirma que en Colombia, para bien o para mal, los caminos de la democracia representativa aún deben pasar por el debate, el voto y el respeto por los procedimientos.
