En un acto poco común de diplomacia autocrítica, el presidente Gustavo Petro dirigió una carta formal a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, retractándose de las graves acusaciones que previamente había lanzado contra el senador Marco Rubio, a quien señaló de estar implicado en un supuesto plan golpista en Colombia. El documento, fechado el 23 de junio, marca un giro inesperado en la retórica desafiante que ha caracterizado al mandatario colombiano, al asumir un tono más conciliador, casi penitente, ante su otrora antagonista ideológico.
“Como representantes electos de nuestros pueblos, compartimos la responsabilidad de cuidar las palabras y los gestos, particularmente en tiempos de agitación y desinformación”, se lee en la misiva enviada desde la Casa de Nariño. Con estas palabras, Petro deja ver una comprensión tardía del peso simbólico y político que conlleva hablar desde la jefatura de Estado. Su carta busca apaciguar las crecientes tensiones con Washington, un socio histórico cuyo respaldo sigue siendo clave en el ajedrez geopolítico de la región.
El presidente colombiano aclaró que sus declaraciones previas no pretendían señalar de forma directa a ningún funcionario estadounidense, y que lamenta si sus palabras fueron interpretadas como una imputación formal contra Rubio. Esto, luego de que se conocieran los audios en los que el exministro Álvaro Leyva hablaba de una supuesta conspiración internacional para derrocar a Petro, en la que estarían involucrados congresistas republicanos y actores armados. Audios que encendieron las alarmas, no solo en Bogotá, sino también en Washington.
Según los registros, Leyva sostuvo reuniones con senadores estadounidenses durante su último paso por el cargo, sugiriendo que existía un plan para presionar internacionalmente al gobierno colombiano y provocar la caída de Petro en un lapso no mayor a veinte días. La información fue calificada como grave por sectores afines al presidente, quienes lo vieron como un intento de desestabilización. Sin embargo, fuentes cercanas a los organismos de inteligencia en Estados Unidos aseguraron que no hubo interés en avanzar en tales maniobras, y que, por el contrario, compartieron los audios con autoridades colombianas.
La reacción de Petro, al inicio, fue de indignación. En declaraciones públicas señaló directamente a Marco Rubio como uno de los responsables de estas supuestas maquinaciones. Tal acusación causó incomodidad en el Departamento de Estado y entre congresistas estadounidenses, que consideran la afirmación como temeraria y carente de sustento diplomático. De ahí que la carta a Trump aparezca como un intento por recomponer las relaciones y evitar mayores fricciones bilaterales.
Más allá del contenido literal de la carta, su publicación implica un acto de contención política. Petro, un dirigente acostumbrado a agitar las aguas de la política exterior con afirmaciones polémicas, parece haber entendido que hay límites que no conviene cruzar, sobre todo con potencias que juegan un rol crucial en los equilibrios democráticos y económicos de América Latina. Su carta, aunque no pública en su totalidad, ha sido interpretada como un gesto de rectificación, pero también de prudencia estratégica.
El episodio deja entrever una realidad incómoda: la delgada línea entre la denuncia legítima y la paranoia institucional. En tiempos donde la desinformación corre con más velocidad que la verdad, y donde los liderazgos deben navegar en aguas turbulentas, el papel de la diplomacia —esa vieja herramienta del arte de gobernar— sigue siendo indispensable. La carta de Petro no solo busca evitar un choque con Estados Unidos; es también una advertencia silenciosa sobre los riesgos de politizar las relaciones internacionales desde la emotividad y la sospecha.
